La Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión drástica, destituyendo e inhabilitando durante 16 años a cuatro integrantes del grupo ‘Sombra 3’ de la Brigada Móvil No. 1 del Ejército Nacional. Esta medida se produce en respuesta a graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar durante la operación militar conocida como ‘Alacrán’ realizada en la vereda Bocana del Chigüiro, una zona en disputa entre los departamentos de Meta y Caquetá.
Los hechos en la operación militar conocida como ‘Alacrán’
Los implicados en este escándalo son el cabo segundo Hugo Alberto Arévalo Landinez y los soldados profesionales Jhonny Mosquera Pastrana, Yeferson Lizcano Duque y Carlos Arturo Villamil Parra. La entidad estatal ha señalado que estos uniformados dispararon sus armas contra tres civiles, incluyendo a una menor, sin que existiera un enfrentamiento armado previo. Este hecho ha generado una fuerte indignación en la sociedad, que exige justicia y respeto por los derechos humanos.
Las pesquisas
La investigación realizada por el ente de control reveló que los militares no verificaron si las víctimas eran combatientes o personas protegidas, como lo estipula el DIH. La normativa internacional es clara: los miembros de la fuerza pública deben actuar con prudencia y asegurarse de que sus acciones no pongan en peligro la vida de civiles. El comportamiento de los uniformados ha sido calificado como una violación grave de las normas de obligatorio cumplimiento, lo que llevó a la Procuraduría a emitir un fallo contundente.
Consecuencias
El caso pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más estricta dentro del Ejército y la importancia de la formación en derechos humanos. Para todos los miembros de las fuerzas armadas. La falta de responsabilidad y el uso indiscriminado de la fuerza durante la operación ‘Alacrán’. Plantean interrogantes sobre el entrenamiento y la ética de los soldados en situaciones de conflicto.
Reclamo
La indignación social y la demanda de justicia parecen haber despertado un nuevo impulso para asegurar. Que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente del contexto. Este incidente es un llamado a la acción para garantizar que el respeto por el DIH prevalezca en todas las operaciones militares en Colombia.
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Pie de foto: imagen de internet.
