En 2019, algunos residentes del municipio de Susacón se dieron a la tarea de evaluar los contratos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) por parte del entonces alcalde Jairo Alonso Rincón Quintana. El motivo de la revisión fue una obra de acueducto rural que había sido adjudicada por un valor de 125 millones de pesos. Sin embargo, al verificar el estado de las obras cuatro años después, los residentes se encontraron con una lamentable sorpresa: las construcciones estaban prácticamente abandonadas y no se habían culminado, estando a la mitad de su ejecución.
Este hallazgo causó indignación en la comunidad, que decidió presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Después de una exhaustiva investigación que tardó aproximadamente cinco años, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Rincón Quintana, exigiéndole el reintegro de 72 millones de pesos al erario público, como resultado de la deficiente ejecución del contrato. En 2024, la misma entidad sancionó nuevamente al exfuncionario, esta vez por otro contrato relacionado con una obra de 35 millones de pesos, en lo que parecía ser un patrón recurrente de mal manejo de los recursos.
Ante estas decisiones judiciales, la comunidad de Susacón celebró la actuación de la Contraloría, manifestando su satisfacción por la sanción impuesta y exigiendo que el exalcalde devuelva el dinero al patrimonio de la nación. Los residentes también expresaron su frustración por el daño que este tipo de situaciones ocasiona a la confianza en las instituciones públicas y a la calidad de vida de los ciudadanos que se ven perjudicados por obras inconclusas.
Sin embargo, la situación no terminó ahí. Recientemente, se conoció que Jairo Alonso Rincón Quintana, junto con otros familiares, estaría involucrado en otros delitos de similares características, lo que agrava aún más su responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Esta nueva revelación pone de manifiesto un problema estructural en la gestión pública local y un claro ejemplo de impunidad que socava la confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos.
Es urgente que las autoridades no solo sigan investigando a fondo este caso, sino que se adopten medidas más rigurosas para prevenir el mal uso de los recursos públicos y se garantice que los responsables rindan cuentas por sus acciones, independientemente de su estatus político o familiar.
