Redacción Extra
En el barrio La Rosita de Villavicencio se presentó un nuevo y preocupante caso de violencia a la comunidad Lgtbi. Las víctimas fueron Kerly y Luna, una pareja lesbomaternal que reside en la zona junto a su pequeña hija de tres años. El hecho fue denunciado públicamente por una allegada de la familia, quien compartió los detalles del ataque a través de redes sociales.
Hechos
De acuerdo con el testimonio publicado, la agresión ocurrió cuando en la vivienda siguiente a la de la pareja se desarrollaba una fiesta con música a alto volumen y consumo de licor. Ante la imposibilidad de que su hija pudiera dormir, Luna decidió bajar junto a su madre a pedir de forma respetuosa que bajaran el volumen. Lejos de encontrar comprensión, recibió insultos homofóbicos, lo que dio paso a una agresión física por parte de una mujer alicorada que le propinó varias bofetadas.
Agresiones
En medio del caos, la madre de Luna también fue golpeada por un hombre del grupo de vecinos. Luna intentó defenderla, pero fue brutalmente atacada por otro sujeto. Desde dentro de la casa, Kerly presenció los hechos y salió a ayudar.
Según la denuncia, una vecina armada con un palo, intentó golpear a Luna, y Kerly intervino para detenerla. Ante esto, la respuesta fue aún más violenta, la mujer la sujetó del cabello y no la soltó pese a sus súplicas. Todo esto ocurrió ante la indiferencia de los presentes, quienes se negaron a prestar ayuda.
Respaldo
Ante la gravedad de los hechos, la Dirección municipal de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD) de Villavicencio, liderada por María Paula García, relató a EXTRA que se activó de manera inmediata el protocolo de atención para casos de discriminación y violencia hacia personas Lgtbi, según lo dispuesto en el Decreto 342 de 2024. “Este protocolo contempla el acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas, quienes ya han sido convocadas por la entidad y comenzarán su proceso terapéutico en los próximos días”, puntualizó María.
Adicionalmente, se convocó una mesa institucional en la que participaron la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, con el fin de dar seguimiento legal al caso, visibilizar la violencia estructural que sufre la comunidad Lgtbi en el municipio y garantizar que los hechos no queden en la impunidad.
María Paula enfatizó en que estas acciones de atención están respaldadas por la política pública de orientación sexual e identidad de género del municipio, reglamentada por el Acuerdo 547 de 2022, y que se ha venido trabajando en otros casos de discriminación en ámbitos como el laboral y el educativo.
