Mediante un comunicado realizado por el Estado Mayor de las AGC o “Clan del Golfo”, expresó su preocupación al decir que mientras ellos cumplen con la desescalada de hostilidades, miembros del Ejército y la Policía Nacional los han atacado y perseguido durante las últimas dos semanas.
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Los paramilitares dieron casos concretos que se pueden leer en el documento: “El 12 de enero, en el municipio de Norosí, vereda Buena Seña, el Gaula (de la Fiscalía) dio muerte a Juan ángel Pinedas Cabra […] hiriendo de gravedad además a Rafael Jaime Caicedo, quienes se encontraban de civil y completamente desarmados”. Ambas personas, miembros de las AGC.
A su turno, en el comunicado el Estado Mayor de las AGC señaló que el pasado 8 de enero fueron capturados tres de sus hombres en el corregimiento Barranca Nueva, jurisdicción de Calamar (Bolívar), según ellos, en estado de indefensión y sin un proceso judicial claro para su captura. “Se está de esta manera violando el cese al fuego por parte de las autoridades militares y de policía, al ejecutar de manera infame a nuestros combatientes, y privarlos de la libertad de manera injusta” (sic), agrega el documento.
Las AGC, por último, afirmaron que el mecanismo de monitoreo, verificación y cese al fuego anunciado por el presidente Petro “no está operando porque nuestros voceros ni siquiera se han reunido con el Gobierno Nacional”.
Cabe recordar que desde el despacho de Gustavo Petro solicitaron los levantamientos de orden de captura y, consecuentemente los operativos de policía judicial que tuvieran que ver con esto, el Fiscal General Francisco Barbosa confirmó que continuarán con normalidad estas actividades judiciales.
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De hecho, desde la oficina de la vicefiscal Martha Mancera se anunció que “los grupos de autodefensas no son delincuentes políticos y que la ley y la jurisprudencia no impiden procesos de paz con los mismos”.
La Ley 2272 de 2022 o Paz Total, instrumento que utiliza el gobierno para querer darle estatus político a organizaciones criminales, es el argumento que maneja el gobierno para que la Fiscalía cambie de opinión, circunstancia que parece lejana, pues el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera fueron enfáticos esta semana en que las organizaciones criminales de alto impacto (donde están las AGC) no pueden tener los mismos tratamientos judiciales que, penales y penitenciarios de un grupo que cuente con estatus político -como es el caso del ELN, por ejemplo.
Más concretamente, la Fiscalía General se aferra al Decreto de Ley 1980 de 2012, mediante el cual se establece que grupos como las AGC o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra no pueden participar en los tipos de beneficios jurídicos que anunció Petro cuando anunció sus intenciones de cese al fuego.
