Carmen María Acosta Martínez habría participado en una extorsión y tenía orden de captura
Redacción Extra
Las autoridades reportaron la captura por orden judicial de una mujer que habría participado en la intimidación hacia una persona, con la finalidad de solicitarle una importante suma de dinero. Dentro de su estrategia, estaba hacerse pasar por miembro de un grupo armado que opera en la región, lo cual generaba terror entre sus víctimas. La fiscalía logró ponerla tras las rejas, pero aún falta una parte importante de su proceso judicial.
Los hechos
En días pasados, mediante un operativo, las autoridades lograron materializar la captura de Carmen María Acosta Martínez quien era conocida por sus cómplices son el alias de Chiquita Brava. En su contra, la Fiscalía había emitido una orden de captura, luego de encontrar serios indicios que la vinculan a un acto extorsivo en el municipio de Hato Corozal al norte del Casanare.
La estrategia
Esta mujer y los delincuentes junto a los que operaba, se hacían pasar por miembros del Frente 28 de las disidencias de las Farc, grupo criminal que opera en la zona bajo la dirigencia de Antonio Medina. Con amenazas, le exigieron a una persona el pago de 120 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron pagados por la víctima, quien accedió con la finalidad de evitar algún tipo de represalia en su contra.
El proceso judicial
La Fiscalía General de la Nación la presentó ante un juez por la presunta comisión de delitos como secuestro extorsivo, hurto agravado, extorsión y porte ilegal de armas. Sin embargo, ella decidió no aceptar los cargos. Por tal motivo, en una audiencia posterior, la fiscalía debe demostrar con pruebas la culpabilidad de esta mujer, para que así pueda recibir una condena.
La comunidad
La extorsión es uno de los delitos que más azota a empresarios, agricultores y ganaderos. Además, muchas personas aprovechan la presencia de grupos armados ilegales, para hacerse pasar por miembros de estas organizaciones y lograr realizar cobros ilícitos. Por tal motivo, exigen la presencia institucional de la fuerza pública y entidades del estado, que mitiguen la delincuencia que los viene afectando y que logre poner tras las rejas a los delincuentes que tanto daño hacen a las personas trabajadoras del departamento.
