La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, ha emitido una alerta sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil en varios departamentos del país, destacando especialmente a Huila. En su reciente pronunciamiento, Marín Ortiz señaló que la situación de riesgo es particularmente alta en municipios como San José y Retorno, que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas de grupos disidentes.
Reconfiguración de grupos armados
Tras la fragmentación del Estado Mayor Central y la reconfiguración de las estructuras armadas, se ha intensificado la violencia entre los grupos liderados por Morelarias y Iván Ortiz. Esta confrontación ha dejado efectos devastadores, particularmente en las zonas de San José y Retorno, en Huila, y en otros municipios de Caquetá, Meta, Tucumán y Amazonas, como Puerto Santander y Cartagena del Chairá.
Impactos humanitarios
La ley 0-1-2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, busca atender y mitigar los graves impactos humanitarios que incluyen el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, en especial indígenas, desplazamiento forzado, amenazas de homicidio contra líderes sociales y comunitarios, y la presencia de minas antipersonales. Además, la violencia también afecta el acceso a servicios esenciales y la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas.
Llamado urgente a las autoridades
En su intervención, la Defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que implementen medidas eficaces para proteger a la población afectada y asegurar la aplicación de los derechos humanos en estas regiones de alto riesgo. La coordinación entre las autoridades locales y nacionales es esencial para frenar la violencia y salvaguardar la vida de los ciudadanos.
