Alcaldía de Ibagué recibió ultimátum judicial sobre daños en desfiles del Festival Folclórico.
La reciente decisión del Tribunal Administrativo del Tolima sacudió las bases del Festival Folclórico Colombiano, poniendo en duda el futuro de los desfiles en la emblemática carrera Quinta de Ibagué. El fallo de segunda instancia, emitido por el magistrado José Andrés Rojas Villa, obliga a la Alcaldía de Johana Aranda a presentar un estudio de impacto ambiental en un plazo de tres meses si desea volver a usar esta arteria vial para las festividades.
El pronunciamiento surgió tras la acción popular interpuesta por el abogado Juan Felipe Rodríguez, quien pidió regular los aspectos ambientales y animalistas del evento cultural más representativo de la región. Según él, el fallo marca “un hito judicial para la región”, al exigir que el corredor vial sea protegido como un eje ambiental.
“Si no se realiza el estudio en los próximos tres meses, la carrera Quinta no podrá ser destinada para el Festival, pero el estudio tampoco garantiza que le vayan a dar luz verde a la Alcaldía. Tampoco nos pueden traer un estudio de medio pelo para justificar la realización de las festividades. Debe ser un estudio técnico, serio, concienzudo, que dé garantías a la ciudadanía”, advirtió.
Impacto
El Tribunal le recordó a la administración municipal que los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico, al espacio público y a la prevención de desastres están por encima del jolgorio folclórico. De no cumplirse con un estudio serio y técnico, la carrera Quinta no podrá volver a ser escenario de los tradicionales desfiles, caravanas y comparsas.
El documento exigido debe incluir un balance de pasivos ambientales, especies y cantidad de individuos arbóreos, así como un plan de manejo que brinde garantías a la ciudadanía.
Restricciones
La sentencia también ratificó la prohibición de las cabalgatas en la ciudad, las cuales solo podrán realizarse si el Concejo Municipal aprueba un acuerdo en el que participen sectores animalistas, academia, gremios caballistas, organismos de socorro y Fuerza Pública.
Por si fuera poco, la Alcaldía fue condenada a pagar tres salarios mínimos legales vigentes por haber apelado con argumentos “vacíos” e “incongruentes”. Esta sanción económica representa un nuevo golpe a la administración Aranda, que no solo tendrá que afrontar las críticas políticas, sino también justificar el gasto ante la ciudadanía.
La decisión, que ya genera intensos debates en Ibagué, pone en jaque la tradición más icónica del Tolima. Si la administración no cumple con el fallo en el tiempo estipulado, los desfiles por la Quinta podrían pasar a la historia.
