Un fallo judicial reciente marcó un importante precedente en el sur del Huila, tras una prolongada lucha de una ciudadana por su derecho a la vida y la seguridad. Luego de más de un año de insistencias sin resultados, un juez del circuito de Garzón falló a favor de María Inés Ramírez, una mujer de 87 años residente en el centro poblado de Rioloro, jurisdicción de Gigante.
La adulta mayor había interpuesto una acción de tutela debido al peligro constante al que se ve expuesta al vivir junto a la Ruta Nacional 45, una de las vías más transitadas del departamento. Su preocupación principal era la ausencia de elementos que regulen la velocidad frente a su vivienda, lo cual, según ella, pone en riesgo su vida e integridad física cada vez que intenta cruzar la carretera.
Riesgo
Según relató la afectada, la situación empeoró tras las obras de rehabilitación ejecutadas por la Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., las cuales incluyeron la remoción de los reductores de velocidad que previamente existían en ese tramo. Desde entonces, los vehículos transitan a alta velocidad, sin ningún tipo de control o advertencia para los conductores.
La señora Ramírez, quien habita a escasos metros de la vía, insistió durante meses ante diferentes entidades para que atendieran su solicitud de instalar reductores o cualquier mecanismo que disminuyera el peligro, pero solo encontró respuestas evasivas o trámites dilatados.
Fallo
Finalmente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón determinó que su condición de adulta mayor la convierte en sujeto de especial protección, según lo establecido por la Constitución Política de Colombia. Por ello, ordenó a la concesionaria instalar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, bandas alertadoras elevadas o cualquier otro sistema que garantice una reducción efectiva de la velocidad frente a su vivienda.
El fallo también incluye una cláusula adicional: si la medida implementada no cumple con el propósito de proteger a la mujer, la concesionaria deberá adelantar un nuevo estudio técnico que contemple soluciones efectivas de seguridad vial en ese punto específico.
Impacto
La decisión judicial ha sido vista como un llamado de atención a las autoridades y a las empresas concesionarias de vías, recordando la importancia de priorizar la seguridad de los habitantes, especialmente de los adultos mayores. El caso también refleja la necesidad urgente de atender con mayor diligencia las peticiones comunitarias relacionadas con la movilidad y la seguridad en las carreteras nacionales, evitando que las personas afectadas deban acudir a instancias judiciales para obtener soluciones
