Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Ipiales, permitieron que en las últimas horas una adulta mayor de aproximadamente 62 años de edad identificada como Carmen Oliva Ortega fuera enviada a la cárcel al ser sorprendida por las autoridades almacenando de manera irregular, gas y combustibles líquidos de origen ecuatoriano en una vivienda del municipio fronterizo.
El caso, que genera preocupación por el aumento del contrabando en esta zona de frontera lo cual representa afectaciones principalmente a los dueños de estaciones de gasolina y demás siendo además riesgoso para la seguridad ciudadana que implica el manejo inadecuado de sustancias inflamables en áreas residenciales.
La judicialización de Oliva Ortega se dio tras un operativo conjunto liderado por un fiscal seccional, en el cual participaron funcionarios Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, uniformados de la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y el Ejército Nacional. En el procedimiento, las autoridades hallaron nueve cilindros de gas, de los cuales seis estaban llenos; 41 canecas plásticas con gasolina ecuatoriana y 53 galones de hidrocarburos almacenados en bidones.
Durante el allanamiento, las autoridades exigieron la presentación de documentos que respaldaran la legalidad del ingreso y tenencia del combustible. Sin embargo, la mujer no contaba con ningún tipo de soporte legal, lo cual constituye una violación a las normas aduaneras y de transporte de hidrocarburos en Colombia.
En la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó a la implicada por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados, contemplado en el Código Penal colombiano. Pese a la gravedad de los hallazgos, la mujer no aceptó los cargos. El juez de control de garantías, tras analizar el caso, le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, considerando su edad avanzada y las condiciones particulares del proceso.
Este caso no es aislado. La vivienda ya había sido intervenida por las autoridades en enero de este año, luego de que vecinos del sector presentaran denuncias ante el constante olor a combustible y la circulación sospechosa de personas y vehículos. En esa ocasión, las autoridades también encontraron evidencia de almacenamiento ilegal, aunque no se concretó una judicialización en ese momento. La reincidencia, sumada a la cantidad de material encontrado ahora, refuerza las sospechas sobre una posible red de distribución de combustible de contrabando.
