La ADRES reveló uno de los mayores escándalos financieros registrados en la historia reciente del sistema de salud colombiano, al exponer un entramado masivo de sobrecostos, medicamentos fantasma, registros inflados y facturación a personas fallecidas que compromete miles de millones de pesos de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos.
Según la entidad, entre 2022 y 2023 se presentó un incremento desproporcionado en los reportes de medicamentos que las EPS envían al Ministerio de Salud para calcular la UPC. Mientras el número de afiliados creció de forma marginal, los medicamentos reportados aumentaron 30,9% y los valores pagados 35,6%, una diferencia tan abismal que incluso los laboratorios negaron haber producido o vendido esa cantidad de fármacos. Esto indicó, desde el inicio, que algo estaba profundamente irregular.
La situación se agravó al descubrirse que los medicamentos sin registro Invima —que no deberían circular ni ser recobrados— crecieron más del 60% en apenas un año, pasando de 5 millones a 8,1 millones de registros. Aún más alarmante: 47 millones de medicamentos reportados por las EPS no coinciden con las ventas oficiales de los laboratorios ni con las bases de datos del sistema de salud. En otras palabras, millones de medicamentos que no existen, pero fueron cobrados como si hubieran sido entregados.
Otro de los capítulos más graves del escándalo es el de los cobros inflados. La ADRES detectó 6,4 millones de medicamentos facturados por encima del precio regulado, generando un sobrecosto de 514.618 millones de pesos (medio billón). Según el informe, EPS como Sanitas, Salud Total, Coosalud y Savia Salud concentran los mayores montos cobrados de manera irregular. Para el Gobierno, esto evidencia una cadena de “malos manejos, irregularidades e incluso posibles robos”.
Sin embargo, el hallazgo más indignante y que más conmoción generó en el país fue la facturación a personas fallecidas. Entre 2018 y 2023, las EPS reportaron haber prestado servicios de salud a 471.000 personas muertas, incluyendo casos en los que se cobraron tratamientos hasta 20 años después de sus fallecimientos. Algunos cadáveres, según la información revelada, “recibieron” atenciones por $500 millones en un solo año.
La EPS con mayores irregularidades fue Sura, que facturó servicios por $684.969 millones a 50.404 fallecidos. El año más crítico fue 2021, cuando las EPS cobraron $699.480 millones por atenciones inexistentes a personas que ya habían muerto. Mientras tanto, miles de colombianos vivos enfrentaban barreras para acceder a medicamentos, citas médicas y servicios básicos.
La indignación pública se intensificó con las declaraciones de la senadora Martha Peralta, quien denunció que mientras algunos sectores se escandalizaban por gastos menores en viajes oficiales, permanecían silenciosos frente a los $2,3 billones facturados a fallecidos. Según Peralta, las EPS “no solo dejaron morir gente, sino que siguieron facturándola después del entierro”.
A este grave panorama se suma un hallazgo adicional: la ADRES identificó sobrecostos en medicamentos por cerca de 3 billones de pesos entre 2022 y 2023, recursos que nadie puede explicar y que no se reflejan en la atención de los pacientes. Estos desfalcos profundizan aún más la crisis estructural del sistema de salud, que enfrenta desfinanciación crónica y una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.
En conjunto, los hallazgos revelados constituyen una radiografía alarmante de la corrupción, la falta de control y la vulnerabilidad del sistema de salud colombiano frente a prácticas ilegales y manejos indebidos que comprometen la sostenibilidad del modelo y el bienestar de millones de ciudadanos.
