La administración del alcalde de Neiva, Germán Casagua, reactivó la ofensiva judicial en contra del exalcalde Rodrigo Lara Sánchez y su exsecretaria general, Liliana Trujillo, al apelar el fallo de primera instancia que los había exonerado del pago de $152 millones, suma que la Alcaldía tuvo que cubrir por concepto de intereses de mora en cuotas de administración de locales comerciales en Mercaneiva, correspondientes al año 2019.
El proceso tiene sus raíces en una demanda de acción de repetición instaurada por la administración anterior, liderada por Gorky Muñoz, en el año 2023. Esta acción buscaba que los entonces funcionarios responsables de la gestión municipal respondieran patrimonialmente por el detrimento que se generó por el no pago oportuno de las obligaciones contractuales, lo que obligó a la Alcaldía a asumir intereses adicionales años después.
Sentencia
La juez del caso, Ibette Suaza, emitió sentencia el pasado 30 de mayo, negando las pretensiones de la demanda. En su decisión, argumentó que no se logró demostrar que ni Lara Sánchez ni Trujillo hubiesen actuado con dolo o culpa grave, requisitos esenciales para que proceda una acción de repetición de esta naturaleza. Según el fallo, la omisión en el pago de las cuotas no fue atribuible directamente a una intención maliciosa o negligencia grave de los funcionarios.
No obstante, lejos de dar por cerrado el capítulo, la actual administración ha decidido escalar el caso ante el Tribunal Administrativo del Huila, apelando la sentencia con el objetivo de que se revoque el fallo y se declare la responsabilidad patrimonial de los exfuncionarios.
Apelación
La decisión de apelar, aunque legalmente válida, ha generado opiniones divididas. Algunos sectores ven la acción como un intento por hacer justicia y proteger los recursos públicos, mientras otros la consideran una estrategia política que puede tensar aún más las relaciones entre sectores del poder local.
Rodrigo Lara Sánchez, quien actualmente se desempeña como diputado del departamento, no se ha pronunciado oficialmente frente a la apelación, aunque en el pasado ha defendido su gestión argumentando que las decisiones administrativas en su mandato se tomaron con rigor técnico y dentro del marco legal. Por su parte, Liliana Trujillo tampoco ha emitido declaraciones al respecto.
El fallo del Tribunal Administrativo del Huila, que deberá resolver en segunda instancia, será clave para definir si se consolida la responsabilidad patrimonial de Lara y Trujillo o si, por el contrario, se ratifica su exoneración. Mientras tanto, la administración Casagua mantiene firme su postura de hacer que los exfuncionarios respondan por lo que considera un perjuicio al erario.
