El alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, se encuentra en el centro de una controversia legal y social tras la interposición de una acción de tutela y una demanda de nulidad por parte de Hevert Ávila, representante de las asociaciones campesinas del municipio. Ávila acusa a Velandia de incumplir la normatividad vigente al configurar el Comité de Reforma Agraria sin la participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un organismo fundamental en los temas de tierras y reforma agraria, y de haber asignado esta responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio.
Acusaciones
Hevert Ávila sostiene que, al conformar el Comité de Reforma Agraria, el alcalde Velandia excluyó de manera irregular a la ANT, designando en su lugar a la Secretaría de Desarrollo Rural municipal como secretaria técnica. Esta decisión, según Ávila, contraviene la normativa establecida y limita la participación activa de la autoridad nacional de tierras en los procesos locales, obstaculizando el adecuado funcionamiento del comité.
El representante campesino denuncia que esta maniobra administrativa impide a los miembros del comité y a los representantes de las asociaciones campesinas realizar reuniones y ejercer sus funciones de manera efectiva. Además, argumenta que el alcalde está asumiendo competencias que no le corresponden, afectando directamente los procesos de titulación de tierras y reforma agraria que son esenciales para las comunidades rurales de Puerto López.
Llamado
En un video difundido en redes sociales, Ávila hizo un llamado público a Pedro Velandia, instándolo a rectificar la situación y a permitir que la ANT, como la entidad máxima en temas de tierras, retome su papel dentro del Comité de Reforma Agraria. “Es fundamental que se respete la normatividad y que la ANT participe activamente en el comité”, afirmó Ávila en su declaración. El representante insiste en que la intervención de la ANT es esencial para garantizar la transparencia y la efectividad de los procesos agrarios en el municipio.
Malestar
Este conflicto se suma a una serie de decisiones del alcalde que, según algunos habitantes, han debilitado la representación y el bienestar de las comunidades rurales. En particular, las asociaciones campesinas temen que estas decisiones comprometan los procesos de titulación de tierras, que son una herramienta clave para el desarrollo y estabilidad de las familias campesinas.
