Redacción Extra
Habitantes de la vereda Puerto Triunfo, en el municipio de Puerto Gaitán, denunciaron al concejal Fernando Giraldo, quien además preside en la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector, por supuestamente incitar a bloqueos en las operaciones del campo petrolero Caño Sur, administrado por Ecopetrol.
Según testimonios de la comunidad, estas acciones habrían causado la paralización de la producción de aproximadamente 45 mil barriles diarios de crudo, con pérdidas económicas significativas y la suspensión de numerosos empleos directos en la zona.
Incitación
La polémica aumentó tras la circulación de un video en el que se escucha al concejal decir: “vamos a apagar los CPF, listo, todo mundo tiene que salir de acá”. Para varios residentes, este mensaje constituye una incitación directa al cese de actividades en la infraestructura petrolera, lo que podría acarrear consecuencias legales y disciplinarias.
En la misma grabación, Giraldo se muestra alterado y agrega: “no nos vamos a mover de acá hasta que no nos solucionen y dejen de violar los derechos humanos; de aquí sale la plata para todo el país”. Las declaraciones han generado preocupación entre los ciudadanos, debido al impacto laboral y económico de los bloqueos.
Comunidad
Uno de los voceros comunitarios señaló que “el concejal está promoviendo una rebelión y ha causado la pérdida de cientos de empleos”. Además, solicitó a los entes de control investigar la conducta del funcionario, por posibles faltas que podrían derivar en su suspensión. También, anunció la radicación de una queja formal ante la Procuraduría, alegando que Giraldo estaría vulnerando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, comprometiendo su imparcialidad.
El futuro del concejal dependerá de las decisiones que tomen las autoridades competentes ante las denuncias. Cabe señalar que su esposa, Diana Rubio, también ha estado envuelta en controversias en el ámbito político local.
Bloqueos
En abril pasado, Ecopetrol también se vio obligado a suspender sus operaciones en el campo Caño Sur debido a invasiones por parte de comunidades indígenas, quienes sabotearon parte de las actividades de la empresa. Como consecuencia de estos bloqueos, la compañía tuvo que cerrar sus instalaciones temporalmente y cancelar cerca de 2.000 contratos, ante la imposibilidad de continuar con la operación normal en la zona.
