En un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, el Gaula Militar y la Policía Nacional, fue capturada Cristina Vargas Cuéllar, señalada de participar en el hurto y desaparición de tres hombres provenientes de Suárez, Tolima, quienes viajaron al departamento del Caquetá en diciembre de 2021 y desde entonces no se volvió a saber nada de ellos.
Los hechos se remontan a finales de 2021, cuando las víctimas, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades, emprendieron viaje hacia el sur del país por razones que aún son materia de investigación. Después de esa fecha, se perdió todo rastro de ellos, generando angustia y desesperación en sus familias.
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Vargas Cuéllar habría recibido, mediante transferencias electrónicas, más de 31 millones de pesos desde las cuentas bancarias de los desaparecidos. Además, se detectaron giros adicionales por siete millones de pesos a través de una billetera digital, lo que constituye una de las principales pruebas del presunto delito de hurto por medios informáticos.
Como si la desaparición no fuera suficiente, los familiares de los tres hombres fueron víctimas de extorsión por parte de personas que se identificaron como disidentes de las FARC. Estos exigieron la suma de 60 millones de pesos a cambio de información que permitiera conocer el paradero de los desaparecidos, sin que hasta el momento se tenga certeza de si el dinero fue entregado o no.
Tras varios meses de seguimiento, las autoridades lograron la captura de Vargas Cuéllar en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), donde fue presentada ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos, cargos que la procesada no aceptó.
El juez, tras valorar el material probatorio presentado, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones para determinar si hubo más personas implicadas en el caso y establecer el paradero de las víctimas, cuyo rastro se perdió hace más de tres años.
El ente acusador no descarta que se trate de un caso de crimen organizado, dado que las evidencias apuntan a una posible red dedicada a la desaparición de personas y robo de su dinero mediante plataformas digitales. “Este es un paso importante para esclarecer los hechos y buscar justicia para las familias que llevan años esperando respuestas”, indicó un vocero de la Fiscalía.
Los familiares de los tres hombres desaparecidos continúan solicitando apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para encontrar información que ayude a dar con su paradero. “No descansaremos hasta saber qué pasó con ellos. Queremos justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron”, expresó uno de los allegados en medio de la audiencia.
Mientras tanto, Cristina Vargas Cuéllar permanecerá recluida mientras avanza el proceso judicial que podría derivar en una condena significativa, dada la gravedad de los delitos imputados y las pruebas que la vinculan directamente con los hechos.
