La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó a 39 militares y dos civiles por la desaparición forzada y asesinato de 442 civiles entre 2004 y 2007, presentándolos falsamente como guerrilleros muertos en combate. Estos hechos, que ocurrieron en el marco del conflicto armado en Colombia, fueron parte de una práctica sistemática por parte de unidades militares del Ejército Nacional, quienes ejecutaron a personas inocentes para incrementar las cifras de muertos en combate y obtener beneficios como ascensos y permisos. La JEP identificó que entre los acusados se encuentran altos oficiales, incluidos cuatro generales, responsables de orquestar y encubrir estos crímenes.
La acusación pone en evidencia una de las tácticas más polémicas de la guerra en Colombia, conocida como «los falsos positivos», que afectó gravemente la confianza de la población en las instituciones del país. El proceso judicial busca que los responsables rindan cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo. La JEP, creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC, continúa investigando y procesando estos crímenes, con el objetivo de garantizar justicia y reparación para las víctimas y evitar que estos actos se repitan en el futuro.