El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca emitió recientemente una sentencia de segunda instancia en la que modificó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Popayán. En su decisión, el Tribunal ordenó amparar el derecho colectivo a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, el cual se encontraba vulnerado por el Municipio de Popayán, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán (EPCAMS) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). La sentencia establece que estas entidades deberán garantizar condiciones de reclusión dignas y adecuadas para las personas privadas de la libertad.
El fallo específicamente ordena el desmonte del centro transitorio de reclusión que actualmente funciona en las instalaciones donde anteriormente operaba la Institución Educativa Laura Valencia, en la capital caucana. Esta medida busca garantizar que las personas privadas de la libertad no se encuentren en condiciones de hacinamiento ni en lugares que no cumplan con los estándares técnicos y de seguridad establecidos por la ley.
El INPEC tendrá que priorizar el traslado de los internos hacia establecimientos penitenciarios que ofrezcan condiciones de reclusión dignas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 804 de 2020. En el caso de que algunos internos deban ser ubicados temporalmente en estaciones de Policía o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), el Tribunal ordenó que se adopten las medidas necesarias para asegurar que su permanencia sea temporal y que se respeten sus derechos fundamentales. Para ello, diversas entidades, como la Alcaldía de Popayán, INPEC, USPEC, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial, deberán coordinar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de esta orden.
Finalmente, el Tribunal otorgó un plazo de seis meses para que las autoridades y entidades involucradas cumplan con la sentencia. Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en la región y en la mejora de las condiciones de reclusión en el país. Las entidades responsables deberán actuar de manera urgente para asegurar que se respeten las disposiciones establecidas y se corrijan las irregularidades identificadas en el sistema penitenciario de Popayán.
