Conozca las vías que puede tomar en caso de haber sufrido este problema.
La obtención o renovación del pasaporte en Colombia se ha convertido en un desafío para muchos ciudadanos, con cancelaciones inesperadas de citas que generan incertidumbre, frustración y, en algunos casos, la pérdida de oportunidades cruciales.
Ante esta problemática recurrente, es fundamental que los afectados conozcan las acciones legales disponibles para hacer valer su derecho a un servicio público eficiente y oportuno.
La situación actual en Colombia, con interrupciones en la expedición de pasaportes, no es nueva, pero la persistencia de las cancelaciones de citas ha elevado la preocupación entre la población. Las razones detrás de estas interrupciones suelen ser variadas, desde problemas logísticos y tecnológicos hasta situaciones de orden contractual o administrativo con los proveedores.
Esta situación dejó a decenas de personas sin poder tramitar su documento, justo cuando se acercaban a sus fechas de viaje o debían presentar el pasaporte para trámites laborales, educativos o médicos.
Acciones legales que puede tomar en caso de ser cancelada su cita
Ante la cancelación de una cita para el pasaporte en Colombia, los ciudadanos no están desprotegidos. Existen diversas herramientas legales a las que pueden recurrir para buscar una solución y, en algunos casos, una indemnización.
El Derecho de Petición es la primera y más básica herramienta. Mediante este recurso, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, cualquier persona puede solicitar información, consultar, requerir documentos o interponer quejas ante las autoridades.
En el caso de la cancelación de una cita, el ciudadano puede presentar un Derecho de Petición a la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) o a la oficina de pasaportes correspondiente, solicitando una explicación detallada de la cancelación, la reprogramación inmediata de la cita y las medidas que se tomarán para garantizar la expedición del documento en un plazo razonable.
Es crucial adjuntar todas las pruebas posibles, como correos electrónicos de confirmación de la cita, notificaciones de cancelación y cualquier otra comunicación relevante. La entidad tiene un plazo perentorio para responder (generalmente 15 días hábiles).
Si el Derecho de Petición no es respondido de manera satisfactoria, o si la urgencia de la situación lo amerita (por ejemplo, un viaje inminente por razones de salud, estudio o trabajo que no puede postergarse), la Acción de Tutela es la herramienta más efectiva.
Esta acción constitucional, establecida en el artículo 86 de la Constitución, busca proteger los derechos fundamentales cuando resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, en algunos casos, de particulares.
Para interponer una Acción de Tutela, se debe demostrar la vulneración de un derecho fundamental (como el de libre circulación, el debido proceso o incluso el buen nombre si la cancelación afectó un trámite importante).
En escenarios donde la cancelación de citas para el pasaporte afecta a un grupo numeroso de personas con intereses comunes, o cuando se vulneran derechos colectivos (como el acceso a un servicio público eficiente), se podría considerar la interposición de una Acción de Grupo o una Acción Popular. La Acción de Grupo busca el reconocimiento y pago de una indemnización por los perjuicios individuales sufridos por un conjunto de personas debido a una misma causa. La Acción Popular, por su parte, persigue la protección de derechos e intereses colectivos.
Por último, y en un caso extremo, si la cancelación de la cita para el pasaporte generó perjuicios económicos demostrables (como la pérdida de tiquetes aéreos no reembolsables, la cancelación de matrículas universitarias en el exterior, la pérdida de un contrato laboral, etc.), el ciudadano afectado podría interponer una Demanda de Responsabilidad Extracontractual del Estado.
Esta acción busca que el Estado repare los daños causados por la acción u omisión de sus agentes. Es un proceso judicial más largo y que requiere pruebas sólidas de los perjuicios sufridos.
