La denuncia
La Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) enfrenta un escenario de controversia tras la decisión de Rodrigo Alonso Pérez Orduz, vicepresidente de la organización, de interponer una acción de tutela contra la presidenta, Olga Lucía Soto González. La acción judicial señala restricciones en los grupos de WhatsApp oficiales, los cuales son vitales para la comunicación interna entre los líderes comunales.
Bloqueo de participación
El conflicto inició el 20 de noviembre cuando Soto González decidió restringir la participación de los integrantes en los grupos de WhatsApp de Asocomunal. Según Pérez, esta decisión no fue previamente comunicada ni aprobada en un espacio democrático.
La presidenta asumió el control exclusivo de los mensajes, limitando la comunicación únicamente a su criterio. “Esta acción desconoce los principios de participación y afecta la dinámica democrática de nuestra organización”, denunció Pérez.
Impacto en la gestión comunal
La medida ha generado dificultades operativas en la organización. Según el vicepresidente, la falta de comunicación efectiva afecta la coordinación de actividades, la toma de decisiones y el flujo de información oportuna. Además, destacó que el secretario de la asociación también fue despojado de su rol como administrador del grupo, agravando la situación.
«Es inaudito que decisiones tan relevantes se tomen sin consenso ni consulta», afirmó Pérez.
Solicitudes y posibles soluciones
Pérez solicitó que la presidenta levante las restricciones y permita la participación democrática de todos los miembros en los grupos de WhatsApp. Asimismo, líderes comunales han pedido una reunión extraordinaria para abordar el conflicto y restablecer la transparencia en la gestión.
«Los grupos de WhatsApp no son propiedad de una sola persona; son herramientas colectivas para el beneficio de la comunidad», puntualizó Pérez.
Silencio de la presidenta y tensión en Asocomunal
Olga Lucía Soto aún no ha dado declaraciones sobre las acusaciones, mientras la confianza y la unidad en la organización están en juego. La acción de tutela podría marcar un precedente sobre el manejo de herramientas digitales en entidades comunales.
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