Más de 100 motociclistas del colectivo ‘Picaminosos’ bloquearon este viernes 4 de abril la carrera 8 con calle 2, en el barrio Las Cruces, centro de Bogotá, para denunciar un nuevo caso de abuso de autoridad. La protesta fue motivada por la denuncia de Jefferson Barrera, un joven motero que asegura haber sido víctima de agresiones y hurto por parte de un uniformado.
Según relató Barrera, fue detenido por patrulleros mientras se movilizaba con un compañero en motocicleta. Luego de ser conducido al CAI Las Cruces, afirmó que un policía lo intimidó, lo agredió físicamente y le sustrajo $170.000 de su billetera durante la requisa. El joven también indicó que fue amenazado para que no denunciara lo ocurrido. Esta denuncia rápidamente se difundió entre la comunidad de motociclistas, quienes decidieron movilizarse en solidaridad y rechazo a lo sucedido.
Con pancartas, cascos en alto y haciendo sonar sus bocinas, los moteros exigieron justicia y una investigación exhaustiva sobre este caso. La protesta, que se extendió por varias horas durante la tarde, generó bloqueos en una vía principal del sector y tensión frente al CAI, donde se aglomeraron los manifestantes.
Ante la alteración del orden público, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) llegó al lugar para evitar que la situación escalara. El comandante de la Policía de la localidad de Santa Fe, teniente Carlos Torres, informó que se abrirá una investigación interna para esclarecer los hechos y establecer si hubo irregularidades por parte de los uniformados involucrados.
Vecinos del sector manifestaron su apoyo a los motociclistas, pero también expresaron preocupación por los bloqueos, ya que la zona enfrenta problemas recurrentes de inseguridad y estigmatización. Los comerciantes, por su parte, señalaron que la jornada afectó las ventas, aunque reconocen la gravedad de las denuncias y la necesidad de mayor control sobre los abusos de poder.
El caso de Jefferson Barrera revive la discusión sobre el comportamiento de algunos miembros de la fuerza pública durante procedimientos de control en barrios vulnerables de la capital. Organizaciones de derechos humanos también han pedido que este tipo de denuncias no queden en la impunidad y se tomen medidas correctivas urgentes para evitar nuevos casos similares.
