En Kanasín, Yucatán, se ha desatado un fuerte escándalo luego de que una madre denunciara que su hija de cuatro años fue víctima de abuso sexual dentro del kínder “Xocén”, ubicado en la colonia San Antonio Kauá II. La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, que ya abrió la carpeta de investigación número 3842/2025 para esclarecer los hechos.
Según la madre de la menor, identificada como Irma Mezeta, el presunto agresor es Raúl, quien trabajaba como conserje en la escuela. La acusación no solo se centra en su hija, sino que otras fuentes señalan que hasta cuatro niños más podrían haber sido víctimas del mismo individuo.
Lo que ha generado indignación entre los padres es la manera en que, según denuncian, la directora del plantel, Karla Domínguez, ha manejado la situación. Según la versión de la madre, la directora le ofreció dos opciones medidas inaceptables: retirar a su hija del kínder o “continuar conviviendo con el agresor”.
Ante la falta de una respuesta clara de la dirección escolar, un grupo de madres y padres organizó una protesta frente al kínder para exigir que se active un protocolo de protección y se garantice la seguridad de todos los menores.
Por su parte, la Secretaría de Educación del estado de Yucatán (Segey) declaró que está colaborando estrechamente con la FGE para seguir los procedimientos correspondientes. El secretario de Educación, Juan Balam, aseguró que los protocolos de la dependencia serán implementados para revisar lo ocurrido.
Además, en el ámbito legislativo, la diputada Larissa Acosta (Movimiento Ciudadano) ha pedido que se brinde atención prioritaria al caso. Acosta denunció no solo el agresión a su hija, sino también un patrón más amplio: en pleno congreso estatal cuestionó la manera en que el sistema minimiza la violencia hacia las infancias, especialmente cuando las víctimas son muy pequeñas.
Desde la FGE, las autoridades dijeron que la carpeta de investigación sigue abierta y que están recabando testimonios, así como evidencia para determinar si otros menores también fueron víctimas.
Este caso ha generado alarma no solo en la comunidad de Kanasín, sino también en otros sectores de la sociedad civil, pues evidencia fallas estructurales en la protección de las niñas y los niños, especialmente en entornos educativos, espacios que deberían ser seguros. La exigencia de justicia se ha convertido en una bandera para madres y padres que demandan que el sistema educativo y las autoridades respondan con acción contundente y no solo con comunicados.
