La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Wilmer Guarnizo Bustos, docente de una institución educativa rural del municipio de El Doncello (Caquetá), por presuntos actos obscenos y tocamientos indebidos en contra de una menor de 14 años, estudiante del mismo plantel.
De acuerdo con la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá, el docente habría aprovechado su posición como servidor público y su rol de autoridad académica para cometer los actos abusivos dentro de las instalaciones educativas. Según el ente de control, Guarnizo Bustos habría actuado con plena conciencia de sus actos, incurriendo en un comportamiento denigrante y reprochable que vulneró la integridad física y emocional de la víctima, una niña de apenas nueve años para la época de los hechos.
El organismo disciplinario indicó que la conducta atribuida al docente representa una falta gravísima a título de dolo, al tratarse de un acto intencional, consciente y contrario a los principios éticos y morales que rigen la función pública. La Procuraduría destacó que el profesor, en lugar de cumplir su misión formadora y protectora, presuntamente utilizó su investidura para obtener un beneficio personal indebido, afectando gravemente la confianza y el bienestar de una menor bajo su responsabilidad académica.
En su análisis, la Procuraduría subrayó que los hechos denunciados constituyen un grave atentado contra los derechos de los niños y niñas, quienes merecen un entorno educativo seguro, libre de violencia y de cualquier tipo de abuso. Este tipo de comportamientos, advirtió el ente de control, no solo deshonran la profesión docente, sino que también representan una violación directa a la legislación disciplinaria y penal vigente en Colombia.
Por la gravedad de los señalamientos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá dispuso la apertura formal del proceso disciplinario y remitirá el expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las actuaciones penales correspondientes y determine la responsabilidad judicial del implicado.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de actuar con cero tolerancias frente a cualquier forma de violencia sexual contra menores de edad, en especial cuando los presuntos agresores son funcionarios del Estado. Asimismo, hizo un llamado a las instituciones educativas para reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y acompañamiento a víctimas, garantizando entornos escolares seguros y libres de cualquier vulneración a los derechos de los niños y adolescentes.
