La función de la policía es proteger y servir a la ciudadanía, velando por la seguridad de todos y asegurando el cumplimiento de la ley. Sin embargo, en muchos lugares, incluyendo Ibagué, hemos presenciado incidentes que nos obligan a cuestionar si algunos agentes están cumpliendo con este mandato fundamental. Casos de abuso de autoridad y muertes en custodia o durante operativos policiales ponen de manifiesto una problemática alarmante que merece atención inmediata y soluciones efectivas. Uno de los problemas más graves es la impunidad que a menudo rodea estos casos.
Cuando un agente de policía utiliza la fuerza de manera excesiva o desproporcionada, no sólo se violan los derechos fundamentales de las personas involucradas, sino que también se compromete la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este tipo de abuso no solo tiene consecuencias para las víctimas directas, sino que envía un mensaje devastador a la sociedad: que los encargados de protegernos pueden, en cambio, convertirse en una fuente de amenaza.
El uso desmedido de la fuerza también nos obliga a repensar cómo se capacita a los agentes de policía. En lugar de entrenar a los oficiales únicamente para responder con fuerza, es necesario promover una formación en derechos humanos y técnicas de resolución pacífica de conflictos. La policía debe ser un símbolo de apoyo y protección, y para lograr esto, es crucial que se les eduque sobre cómo manejar situaciones de tensión sin poner en riesgo la vida y la dignidad de las personas.
El abuso de autoridad no puede seguir siendo ignorado ni minimizado. La policía juega un papel fundamental en la seguridad de la sociedad, pero cuando este rol se ve distorsionado, las consecuencias son devastadoras. No podemos permitir que más vidas se pierdan debido a la falta de control y transparencia. La justicia, la rendición de cuentas y una profunda revisión del sistema son necesarios para prevenir que los guardianes de la seguridad pública se conviertan en agentes de inseguridad y abuso.
