La defensa de Sebastián Ortega cuestionó la solidez de los elementos presentados para solicitar una medida de aseguramiento en su contra, en el marco del proceso judicial que investiga una presunta red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), expediente en el cual también figura Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín.
Durante la audiencia de imputación y solicitud de medida cautelar impulsada por la Fiscalía General de la Nación, la representación legal de Ortega sostuvo que la evidencia expuesta carece del grado de solidez requerido para establecer una inferencia razonable de participación en los delitos investigados.
El penalista enfatizó que, de los 47 elementos probatorios presentados por el abogado de las víctimas, únicamente dos hacen referencia a su cliente y lo hacen de manera vaga, sin ofrecer vínculos directos con las irregularidades en la contratación.
Cuestionamientos a la atribución de un número telefónico y la ausencia de antecedentes
Uno de los puntos controvertidos radicó en la vinculación de Ortega con un número telefónico asociado a un grupo de WhatsApp denominado “Amigos”. La defensa aclaró que dicho número no pertenece ni es utilizado por su representado, por lo que desestimó su validez técnica y jurídica para sustentar una medida preventiva de la libertad.
En el análisis de las exigencias legales sobre el peligro para la comunidad, la obstrucción a la justicia o el riesgo para las víctimas, el abogado subrayó que el procesado carece de antecedentes penales. A su juicio, este aspecto resulta determinante para evaluar la necesidad de una restricción de la libertad de forma individualizada.
Objeción sobre el uso de controversias personales en la audiencia
La representación técnica también rechazó los intentos de la parte acusadora por introducir asuntos del ámbito privado durante la diligencia judicial. En concreto, objetó que se haya pretendido incorporar una discusión o conflicto de pareja para relacionarla con las conductas punibles investigadas en la entidad metropolitana, hechos que sostiene no están documentados ni probados en el expediente.
El proceso penal indaga el presunto cobro de comisiones en seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, causa en la que también están vinculados exfuncionarios de la entidad.
Frente a la solicitud de medida privativa de la libertad, el jurista remarcó que cualquier determinación judicial debe basarse en pruebas materiales concretas y no en deducciones ni aspectos personales. Finalmente, la defensa manifestó respeto por el trabajo de la fiscalía y los demás sujetos procesales, pero insistió en que deben prevalecer la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso en favor de Sebastián Ortega.
