El abogado penalista Víctor Mosquera Marín, quien representa a la familia de Miguel Uribe Turbay en el proceso por el magnicidio del exsenador, anunció que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación sobre las denuncias relacionadas con posibles seguimientos e interceptaciones ilegales contra dirigentes de la oposición.
La petición busca que las autoridades determinen si desde organismos estatales se realizaron actividades de inteligencia por fuera de los procedimientos establecidos y quiénes estarían detrás de esas actuaciones.
Mosquera anunció que presentará una solicitud formal para que la Fiscalía adelante las diligencias correspondientes y adopte medidas que permitan proteger y preservar las posibles pruebas relacionadas con los hechos denunciados.
Entre la información que el abogado pretende obtener se encuentran órdenes de trabajo, registros de seguimientos, interceptaciones, consultas realizadas en bases de datos, informes de inteligencia y reportes financieros, así como comunicaciones o intercambio de información entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras entidades estatales.
El objetivo, explicó, será establecer con precisión quién ordenó las operaciones, qué funcionarios participaron, quiénes tuvieron acceso a la información recopilada y cuál fue el destino de esos datos.
La solicitud se produce después de las denuncias sobre presuntas operaciones de inteligencia dirigidas contra integrantes de la oposición, expresidentes y periodistas, que han generado cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el posible uso irregular de organismos estatales.
Mosquera sostuvo que es necesario esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades individuales o institucionales. En ese sentido, manifestó que agotará las herramientas jurídicas disponibles para que los hechos sean investigados.
Las denuncias también han puesto bajo la lupa el funcionamiento de la DNI durante el anterior Gobierno. Según los hallazgos difundidos a partir de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella, presuntamente habrían existido actuaciones coordinadas entre diferentes organismos del Estado.
En las investigaciones mencionadas aparecen, además de la DNI, entidades como la Uiaf y la Dian, así como integrantes de la Policía y el Ejército.
El caso podría abrir una nueva investigación para determinar si las actividades de inteligencia señaladas se ajustaron a la ley y si la información obtenida fue utilizada de manera legítima. La Fiscalía tendrá ahora que establecer el alcance de las denuncias y determinar las eventuales responsabilidades.
