La investigación por el asesinato de la abogada (nombre aún no revelado oficialmente) tomó un giro clave luego de que las autoridades confirmaran que la víctima adelantaba un complejo proceso jurídico para recuperar varias haciendas de alto valor que pertenecieron a ‘Tánatos’, un poderoso narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos y con presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.
De acuerdo con las primeras indagaciones, la profesional del derecho representaba a terceros interesados en reclamar bienes que, según versiones oficiales, habrían sido ocupados de manera irregular tras la caída del capo. Las propiedades, ubicadas en zonas estratégicas del país, están avaluadas en varios miles de millones de pesos y serían clave dentro de disputas entre redes criminales, antiguos testaferros y organizaciones dedicadas al lavado de activos.
La Fiscalía investiga si el homicidio está relacionado directamente con su labor, pues la abogada habría recibido presiones y advertencias en las semanas previas. Extraoficialmente, se conoció que su equipo jurídico enfrentaba obstáculos para acceder a documentos y escrituras que demostrarían que parte de esos bienes no estaban formalmente incluidos en procesos de extinción de dominio.
El caso encendió alarmas en organismos de seguridad, que consideran que detrás del crimen podría haberse movido una estructura con capacidad para ordenar asesinatos selectivos con el fin de proteger fortunas ilegales o evitar que información clave llegara a manos de las autoridades.
La Fiscalía avanza en la reconstrucción de las últimas horas de la víctima y revisa las conexiones entre antiguos colaboradores del capo, sus redes financieras y eventuales conflictos internos que habrían desencadenado el ataque.
