El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, encendió la polémica al asegurar que no podrá cumplir en los plazos establecidos la reubicación del centro de detención transitorio Laura Valencia, debido a la falta de recursos y a lo que calificó como un problema heredado del exalcalde Juan Carlos López Castrillón, quien, según él, dejó el tema sin resolver desde la pandemia.
El mandatario explicó que el municipio enfrenta una orden judicial que lo obliga a trasladar el centro, pero que actualmente no cuenta con los fondos ni la infraestructura necesaria para hacerlo. “Nos están entregando cargas de responsabilidad muy altas. Nos quieren comparar con ciudades como Bogotá, que tienen ingresos millonarios, escuelas de formación para guardianes y centros adecuados. Nosotros no contamos con eso”, afirmó Muñoz Bravo.
Por ahora, el centro Laura Valencia seguirá funcionando en su ubicación actual, mientras la Administración Municipal solicita una prórroga al juez y gestiona el apoyo del Gobierno Nacional para buscar una alternativa viable.
Un problema heredado y sin presupuesto
Muñoz Bravo fue enfático en responsabilizar al exalcalde Juan Carlos López Castrillón, quien durante la pandemia habilitó provisionalmente el centro Laura Valencia para mitigar el hacinamiento carcelario, pero no estructuró un plan de reubicación ni dejó los recursos garantizados.
“Este es uno de los grandes problemas que nos dejó la administración anterior. Se aprovechó la pandemia para improvisar una solución temporal, y hoy tenemos un centro sin condiciones adecuadas y sin presupuesto para moverlo”, recalcó.
La actual administración sostiene que ha evaluado varios terrenos para construir un nuevo centro que cumpla con estándares de seguridad y dignidad humana, pero advierte que la decisión no puede ser apresurada. “Popayán tiene un nivel de riesgo alto; no queremos cometer otro error por actuar con afán”, subrayó el alcalde.
Búsqueda de soluciones ante una crisis creciente
El mandatario confirmó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo para definir una salida que cumpla con las exigencias judiciales sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.
