Diego Matiz alertó sobre la falta de definición nacional que mantiene en vilo el transporte escolar.
El municipio de Ortega, ubicado en el sur del Tolima, vuelve a enfrentar un panorama preocupante de cara al inicio del calendario académico. La posibilidad de que cientos de estudiantes comiencen clases sin transporte escolar revive una problemática que ya ha golpeado a la población rural en años anteriores. La causa principal, según la administración municipal, es la ausencia de respaldo efectivo por parte del Gobierno Nacional para declarar a Ortega como zona diferencial en materia de transporte. Esta figura permitiría contratar vehículos de la región y garantizar el traslado diario de niños y jóvenes hacia las instituciones educativas. Sin esa autorización, las opciones legales y financieras del municipio se reducen drásticamente, afectando directamente el derecho a la educación de los estudiantes más vulnerables.
El alcalde Diego Matiz manifestó que la situación no es nueva y que desde hace tiempo se han elevado solicitudes formales ante las autoridades competentes. Sin embargo, las respuestas no han llegado y el tiempo juega en contra. Mientras los días avanzan, las familias campesinas observan con preocupación cómo se repite un problema que ya les ha significado deserción escolar, largas caminatas y riesgos en las vías rurales. Para muchos padres, la falta de transporte se convierte en una barrera insuperable que obliga a los menores a quedarse en casa.
Matiz fue enfático al señalar que la administración municipal depende de una resolución del nivel central para poder actuar. Explicó que, sin la declaratoria de zona diferencial, resulta imposible contratar transporte escolar con los vehículos disponibles en la región, debido a los requisitos técnicos y normativos vigentes. Esta limitación, afirmó, ha sido expuesta de manera reiterada durante los últimos dos años ante los ministerios de Transporte y Educación, sin que hasta ahora exista una solución concreta. El mandatario expresó que la incertidumbre es mayor debido a que el actual Gobierno Nacional se encuentra cerca de culminar su periodo, lo que podría dejar el proceso nuevamente en el aire.
El alcalde también descartó, por el momento, alternativas como subsidios directos o ayudas económicas para las familias, argumentando que los costos superarían la capacidad presupuestal del municipio. Aseguró que implementar ese tipo de medidas implicaría sacrificar otros programas sociales igualmente necesarios. De no resolverse la situación, Ortega se enfrentaría a otro año marcado por la desigualdad educativa, donde decenas de estudiantes rurales verían limitado su acceso a las aulas. La comunidad espera una respuesta urgente que evite que el año escolar inicie, otra vez, con las carreteras llenas de obstáculos y las aulas vacías.
