La Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Huila ha imputado formalmente al exalcalde del municipio de Aipe, José Sevel Castro Tovar, junto con el exsecretario de Planeación, Sergio David Ramos Garzón, y el exasesor jurídico Alfonso Quimbaya Beltrán, en relación con un presunto caso de corrupción vinculado a la gestión de contratos públicos.
Según el ente acusador, los tres exfuncionarios están siendo investigados por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“La acusación se centra en un contrato suscrito en el 2019, que involucraba una suma de 10.000 millones de pesos para el proyecto denominado ‘Invitación a Ofertar Proceso de Obra por Encargo No. 01 de 2019’. Este contrato tenía como objetivo la construcción de viviendas de interés prioritario para la urbanización Las Marías Etapa II en el municipio, donde se ha revelado serias irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato”, indicó la Fiscalía General de la Nación.
Investigación
Según la investigación, el contrato en cuestión no cumplía con los requisitos legales necesarios para su ejecución. Las pruebas acumuladas por la Fiscalía sugieren que los imputados podrían haber formado un grupo selecto de constructores para proyectos de vivienda de interés social.
“Dentro de este grupo, los exfuncionarios supuestamente eligieron solo a tres oferentes para participar en el proceso de licitación. A través de un sorteo, se habría decidido quiénes serían los participantes, lo que, de ser comprobado, constituiría una grave vulneración de los principios de libre concurrencia y selección objetiva establecidos en la legislación colombiana”, agregó el ente acusador.
Además de estas irregularidades, la Fiscalía alega que el proceso de adjudicación del contrato afectó gravemente el principio de transparencia, un pilar fundamental en la contratación pública.
Este principio está diseñado para garantizar que los procesos sean abiertos y equitativos, permitiendo la participación de todos los oferentes que cumplan con los requisitos establecidos y evitando prácticas que puedan favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros.
A pesar de las serias acusaciones, los tres imputados han decidido no aceptar los cargos que se les atribuyen. La negativa a aceptar los cargos por parte de los exfuncionarios implica que el caso probablemente continuará en los tribunales, donde se deberá determinar la responsabilidad de cada uno en los presuntos hechos de corrupción.
La situación ha causado gran preocupación en la comunidad local, dado el impacto potencial en el desarrollo de proyectos de vivienda cruciales para los habitantes de Aipe.
