A prisión violador de tres hermanas en Puerto Carreño

fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión tras admitir haber abusado sexualmente de tres hermanas de 10, 7 y 4 de edad
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Freddy Antonio Tovar, ciudadano venezolano de 63 años, fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión tras admitir haber abusado sexualmente de tres hermanas de 10, 7 y 4 de edad en una vivienda del barrio Alcaraván, en Puerto Carreño, Vichada.

Detalles del caso

Según el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre el 10 y el 15 de noviembre de 2022, cuando Tovar aprovechó que las niñas, de 10, 7 y 4 años, quedaban solas en casa mientras sus padres salían a trabajar.

El agresor, que vivía en el mismo inmueble donde los padres de las menores alquilaban un apartaestudio, utilizaba regalos y dulces para ganarse la confianza de las niñas. Luego, ingresaba a su habitación para cometer los abusos, que incluían tocamientos indebidos.

Sentencia y pruebas contundentes

Gracias a la evidencia recopilada por los investigadores, el acusado fue declarado culpable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en modalidad agravada. La contundencia de las pruebas llevó a que Tovar confesara su responsabilidad, lo que permitió al juez dictar una sentencia de 150 meses de prisión, la cual cumplirá en un centro carcelario.

Un llamado urgente ante el abuso infantil en Colombia

Este caso pone de manifiesto una problemática alarmante en el país. En lo que va de 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido más de 40.000 casos de menores víctimas de violencia, mientras que Medicina Legal ha reportado más de 8.000 casos de abuso sexual contra niños y niñas.

Además, estas agresiones frecuentemente ocurren en entornos cercanos, donde los agresores aprovechan su relación de confianza con las víctimas para cometer los delitos.

El caso ha reavivado el debate sobre las penas para los agresores sexuales de menores. Aunque algunos sectores abogan por instaurar la cadena perpetua, el Gobierno ha señalado que esta medida es inconstitucional y no ataca el problema de raíz.

Mientras tanto, organizaciones sociales y expertos instan a fortalecer los programas de prevención y la educación en derechos sexuales.


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