Medida de aseguramiento para Juan Felipe Rodríguez por Violencia sexual en Jardín infantil
Un juez penal de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Felipe Rodríguez Arango, empleado de un jardín infantil en Soacha, Cundinamarca, tras ser investigado por presuntos actos sexuales abusivos con una niña de tres años. La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que sustentarían la ocurrencia de al menos dos eventos delictivos entre el 22 de abril y el 13 de mayo del presente año.
Acusaciòn
El ente investigador, a través de la Unidad de Reacción Inmediata de Soacha en coordinación con la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, formuló imputación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. La acusación se basa en hallazgos médicos que evidencian lesiones compatibles con violencia sexual, así como en testimonios y otros elementos de convicción recolectados durante la investigación. Pese a la contundencia de los cargos, el procesado optó por no aceptar responsabilidad penal.
Piden cierre del Jardín Infantil.
Claribel Tapasco, madre de la víctima, ha asumido un rol protagónico en la búsqueda de justicia. Junto a otros padres de familia, exige medidas contundentes que incluyen el cierre temporal de la institución educativa y la implementación de auditorías exhaustivas para descartar la existencia de más víctimas. Tapasco relata cómo detectó alteraciones preocupantes en el comportamiento de su hija que la llevaron a buscar atención médica especializada, donde se confirmaron los indicios de abuso.
Ampliación de la investigación
El caso ha adquirido mayor complejidad tras conocerse una segunda denuncia contra Rodríguez Arango por hechos similares que involucrarían a otra menor. Las autoridades judiciales adelantan labores de verificación, recolección de pruebas complementarias y análisis de dictámenes periciales que podrían fortalecer el proceso. Mientras tanto, la comunidad educativa y organizaciones de protección infantil han manifestado su preocupación, exigiendo mayor control y supervisión en los entornos escolares.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la investigación, destacando que se trata de un caso prioritario por la vulnerabilidad de las presuntas víctimas. Por su parte, Claribel Tapasco y el grupo de padres mantienen vigilancia constante sobre el desarrollo del proceso, insistiendo en la necesidad de medidas preventivas y sanciones ejemplares que protejan efectivamente a la población infan
