Una tragedia ocurrida en el departamento del Meta volvió a tener eco judicial tras
confirmarse la condena contra Adriana Milena Díaz Jaimes, propietaria y
administradora del centro turístico La Esmeralda, ubicado en la vereda El Carmen
de Villavicencio, donde nueve personas murieron y diez más resultaron heridas al
colapsar un puente colgante durante una jornada de senderismo.
Hechos
El hecho se registró el 9 de enero de 2017, cuando el cable superior izquierdo del
puente se rompió, provocando el desplome de la estructura a más de 70 metros
de altura sobre la quebrada Buque. En la caída, 21 turistas fueron lanzados al
vacío; cinco adultos y cuatro menores fallecieron en el lugar, mientras los demás
fueron auxiliados por organismos de socorro.
Investigación
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los peritos
Edgar Espejo y Adriano Coy Barrera concluyeron que la causa del colapso fue la
falta total de lubricación del cable de acero, el cual no recibió mantenimiento
desde su instalación. Los expertos determinaron que la grasa hallada
correspondía únicamente a la usada durante su fabricación, descartando así la
versión de la defensa que atribuía la ruptura al contacto con sustancias químicas o
agentes corrosivos.
Durante el proceso también fueron investigados Manuel Antonio Díaz Ardila, padre
de la condenada, y Carlos Eduardo Camargo Tarache, quien controlaba el ingreso
de visitantes al predio. Sin embargo, las pruebas demostraron que Díaz Ardila no
tenía vínculo administrativo ni era propietario del lugar, y que Camargo no tuvo
injerencia en el mantenimiento del puente, por lo que ambos fueron absueltos.
Condena
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio encontró responsable a
Adriana Milena Díaz Jaimes del delito de homicidio culposo, al considerar que
actuó con negligencia al no garantizar las condiciones de seguridad en el sitio
turístico. Por ello fue condenada a 50 meses de prisión, decisión que fue apelada,
pero posteriormente confirmada por el Tribunal del Distrito Judicial de
Villavicencio.
El fallo puso fin a un prolongado proceso judicial que revivió el dolor de las familias
afectadas y dejó una lección sobre la responsabilidad en la gestión de actividades
turísticas en el departamento del Meta.
