A nueve años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP, la implementación continúa avanzando con mayor fuerza durante el Gobierno del Cambio. El país ha logrado consolidar medidas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas, la seguridad de los firmantes de paz y el cumplimiento de los compromisos en materia rural, política y social. El Acuerdo, firmado en 2016 y estructurado en seis puntos centrales para atacar las causas del conflicto armado, sigue siendo un referente mundial por integrar los enfoques étnico y de género.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro, se han fortalecido las garantías de seguridad para los 11.250 firmantes, especialmente mediante la expedición del Decreto 0638 de 2025, que reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI). Esta herramienta coordina políticas y medidas para proteger a excombatientes, sus familias y miembros del partido surgido del proceso de paz, teniendo en cuenta sus niveles de riesgo. Además, se han activado instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP) y puesto en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) en regiones como Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander y Guaviare, entre otras.
En cuanto a las víctimas, el Gobierno ha dado pasos importantes con el fortalecimiento de la política pública y la articulación con la Reforma Rural Integral. La UBPD ha conseguido hitos significativos: ha recuperado 1.239 cuerpos, realizado 162 entregas dignas y localizado 141 personas con vida, además de consolidar redes de apoyo con enfoque de género y diversidad. Aunque los avances son notables, la entidad aún requiere mayores recursos operativos para ampliar su capacidad de acción en las regiones más afectadas por la desaparición forzada.
En materia de tierras, uno de los puntos claves del Acuerdo, el Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, ha entregado más de 250.000 hectáreas de forma redistributiva —incluyendo asignaciones a campesinos, comunidades étnicas y firmantes de paz— y ha formalizado 1,7 millones de hectáreas, fortaleciendo la seguridad jurídica del campesinado. También se expidieron normas que permiten crear Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, una decisión clave para impulsar el desarrollo rural sostenible y brindar estabilidad legal a miles de familias.
En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, el PNIS inició una nueva fase con la Resolución 021 de 2024, incorporando renegociación de proyectos, inclusión de iniciativas no agropecuarias y creación de un Banco de Proveedores Locales. Aunque se han firmado más de 56.000 planes de inversión, solo el 1,5% de las familias ha recibido atención completa, reflejando la complejidad y los desafíos del proceso. Paralelamente, el programa RenHacemos avanza en territorios como Argelia, Catatumbo, Putumayo y Nariño, con más de 11.000 familias interesadas y casi 6.000 hectáreas en transición hacia economías lícitas.
Asimismo, la política de drogas 2023–2033 plantea un enfoque distinto, priorizando la protección ambiental, la corresponsabilidad internacional y un tratamiento humanizado hacia poblaciones vulnerables. Su meta es reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026 mediante acciones de conservación y restauración ecológica, alejándose de métodos punitivos tradicionales.
En términos generales, los avances muestran un compromiso renovado con el cumplimiento del Acuerdo y con la construcción de una paz territorial basada en seguridad, oportunidades, protección de las víctimas y transformaciones estructurales en el campo colombiano. Aunque persisten desafíos importantes, la consolidación institucional y la continuidad de políticas públicas indican un avance progresivo hacia la estabilidad y la reconciliación nacional.
