La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis miembros del Ejército Nacional, señalados de estar involucrados en la desaparición de un joven de 21 años en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2022 en zona rural del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. La decisión judicial constituye un avance importante en un caso que ha despertado preocupación por el posible abuso de poder por parte de la fuerza pública en contextos de control territorial.
Los soldados Luis Enrique Suaza Ortegón, William Orlando Acosta Manzano, Gabriel Alejandro Becerra Hernández, Luis Alejandro Loaiza Malambo, Omar Darío Acuña Gómez y Miguel Ángel Díaz Quiroz fueron imputados por el delito de desaparición forzada, tras ser vinculados a un operativo que terminó en la detención del joven cuyo paradero aún se desconoce y de quienes los sindicados no han querido dar información.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Nariño, los uniformados hacían parte de un puesto de control militar instalado en la vereda Ospina Pérez, zona rural de Ricaurte donde detuvieron a un joven que se movilizaba en motocicleta a quien, al realizarle un registro de rutina, se presume que le encontraron en su poder sustancias estupefacientes. La situación derivó en su detención y posterior traslado a bordo de un vehículo oficial hasta la estación de policía del municipio.
Los hechos dieron un giro alarmante cuando, según el relato entregado por las autoridades, el joven habría intentado huir una vez dentro de las instalaciones policiales momento en el cual se presume que los soldados supuestamente realizaron varios disparos con el fin de detenerlo. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de su paradero.
Lo que inicialmente parecía un procedimiento rutinario, se ha transformado en un caso emblemático de presunta desaparición forzada por parte de agentes del Estado. A pesar del tiempo transcurrido, los soldados implicados no han ofrecido una versión clara de lo ocurrido ni han revelado información que conduzca al paradero del joven desaparecido.
La ausencia de respuestas y la falta de colaboración han llevado a las autoridades judiciales a actuar con firmeza. Gracias a los elementos materiales probatorios recopilados, un juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad a los seis soldados, quienes deberán permanecer recluidos en un centro de detención militar mientras avanza el proceso penal en su contra.
Este caso no solo implica a los seis soldados mencionados. En el marco de la investigación, también han sido judicializados un sargento y un soldado adicionales del Ejército Nacional, así como un miembro de la Policía Nacional, lo que apunta a un posible entramado de responsabilidades más amplio al interior de las fuerzas armadas.
