El pasado 8 de abril, el coronel Elver Alfonso, director antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional, anunciaba la captura de 21 personas, quienes serían integrantes de la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’ y que al parecer, se encargarían de ejecutar las extorsiones a comerciantes y a transportadores de la zona rural de municipios como Tuluá, Bugalagrande, Trujillo y Riofrío. Allí, durante varios años, la banda delictiva habría construido un ‘imperio criminal’ basado en el miedo de sus víctimas.
Sin embargo, a mediados de 2023 un grupo destacado de investigadores judiciales coordinados con fiscales especializados, iniciaron la recolección de material probatorio para capturar a estas personas quienes, al parecer serían dirigidas por un hombre apodado como ‘el enano’ y que fue detenido hace poco más de un año.
Todo parece indicar que, desde su centro de reclusión, este hombre habría pretendido mantener el control territorial de la zona rural del centro del Valle del Cauca, para esa misión se habría apoyado en varias personas que continuaban en libertad y que serían las encargadas de llevar los mensajes a sus víctimas, algunos de ellos eran telefónicos o de texto.
Lo anterior habría quedado evidenciado durante las audiencias, en donde un fiscal explicó minuciosamente el ‘modus operandi’ de estas personas, en las diligencias se presentó un audio en el que se le habrían impartido instrucciones a algunas de sus víctimas sobre cuándo comercializar sus productos.
Lo llamativo de la investigación radica en que, para mantener una especie de vigilancia entre los comerciantes y transportadores, habrían instalado establecimientos comerciales en los que se vendían papa, cebolla, frutas entre otros productos alimenticios, pero que al parecer eran utilizados como una especie de ‘cuarteles de mando’, en los que se vigilaban los comportamientos y movimientos de sus víctimas.
A esas acciones, se sumarían las órdenes de inflar los precios de los alimentos hasta en un 350%, esto con el objetivo de poder cobrar las extorsiones. La fiscalía habría acreditado en el curso de la investigación que estas personas estarían involucradas en, por lo menos, 36 eventos ilegales, entre ellos podrían destacarse vehículos incinerados como una especie de ‘llamado de atención’ para el pago de la ‘vacuna’ y evitar las denuncias.
Con estos elementos, un fiscal especializado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, extorsión agravada, constreñimiento ilegal, hurto calificado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por ninguno de los integrantes. No obstante, un juez ordenó una medida preventiva en centro carcelario.
Sin embargo, a mediados de 2023 un grupo destacado de investigadores judiciales coordinados con fiscales especializados, iniciaron la recolección de material probatorio para capturar a estas personas quienes, al parecer serían dirigidas por un hombre apodado como ‘el enano’ y que fue detenido hace poco más de un año.
Todo parece indicar que, desde su centro de reclusión, este hombre habría pretendido mantener el control territorial de la zona rural del centro del Valle del Cauca, para esa misión se habría apoyado en varias personas que continuaban en libertad y que serían las encargadas de llevar los mensajes a sus víctimas, algunos de ellos eran telefónicos o de texto.
Lo anterior habría quedado evidenciado durante las audiencias, en donde un fiscal explicó minuciosamente el ‘modus operandi’ de estas personas, en las diligencias se presentó un audio en el que se le habrían impartido instrucciones a algunas de sus víctimas sobre cuándo comercializar sus productos.
Lo llamativo de la investigación radica en que, para mantener una especie de vigilancia entre los comerciantes y transportadores, habrían instalado establecimientos comerciales en los que se vendían papa, cebolla, frutas entre otros productos alimenticios, pero que al parecer eran utilizados como una especie de ‘cuarteles de mando’, en los que se vigilaban los comportamientos y movimientos de sus víctimas.
A esas acciones, se sumarían las órdenes de inflar los precios de los alimentos hasta en un 350%, esto con el objetivo de poder cobrar las extorsiones. La fiscalía habría acreditado en el curso de la investigación que estas personas estarían involucradas en, por lo menos, 36 eventos ilegales, entre ellos podrían destacarse vehículos incinerados como una especie de ‘llamado de atención’ para el pago de la ‘vacuna’ y evitar las denuncias.
Con estos elementos, un fiscal especializado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, extorsión agravada, constreñimiento ilegal, hurto calificado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados por ninguno de los integrantes. No obstante, un juez ordenó una medida preventiva en centro carcelario.
