En un operativo realizado por la Armada Nacional, dos hombres fueron capturados y judicializados por el porte ilegal de armas de fuego y munición para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2024 en la vereda Vuelta Merizalde, en el municipio de Olaya Herrera, ubicado en el sur de Nariño, una zona afectada por la presencia de grupos armados ilegales, sin embargo, sólo hasta hace unos días la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que los sindicados fueron procesados por el actuar ilegal.
Los capturados fueron identificados como Andrés Felipe Valencia Ojeda y José Over Ortiz Ríos, quienes, según las autoridades, intentaban huir cuando fueron sorprendidos en flagrancia. A ambos se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hombres fueron detenidos en un operativo de control realizado por las Fuerzas Armadas, quienes identificaron a los presuntos responsables en el momento en que intentaban escapar con el material bélico. En la incautación, las autoridades lograron decomisar tres fusiles, proveedores y un total de 121 cartuchos para fusil, además de un chaleco multipropósito pixelado, un equipo utilizado habitualmente por miembros de las fuerzas militares y grupos armados organizados.
El material incautado pone de manifiesto la preocupación por la presencia de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en manos de individuos no autorizados, lo que refuerza las sospechas de que los detenidos podrían estar vinculados a actividades de grupos armados ilegales en la región.
El 10 de enero de 2025, un fiscal de la Seccional Nariño formalizó los cargos contra Valencia Ojeda y Ortiz Ríos, presentando ante un juez de control de garantías las pruebas suficientes para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario. La solicitud fue aceptada, y ambos hombres deberán permanecer detenidos mientras avanzan las investigaciones en su contra. La medida de aseguramiento responde a la gravedad de los delitos imputados y a la necesidad de garantizar su presencia durante el proceso judicial.
