Gracias a las labores investigativas adelantadas por las autoridades competentes en el departamento de Nariño, se logró que en los últimos días una persona de género femenino preliminarmente identificada como Lucy Stella Sánchez Montaño, alias Johana, de aproximadamente 24 años de edad, fuera enviada a la cárcel como la presunta responsable de haber incurrido en el delito de proxenetismo con una menor de 14 años de edad, a quien al parecer incluso amenazaba cuando esta se negaba a tener relaciones sexuales con hombres.
Al respecto, el proceso judicial se llevó a cabo en el municipio de La Unión en el Valle del Cauca, donde se presume que un juez de control de garantías tomó la decisión de enviar a la fémina a la cárcel. Las labores de investigación adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación y el material probatorio recaudado, expusieron que aparentemente la mujer procesada habría ofrecido trabajo a una menor de 13 años para realizar labores domésticas en una finca de la región.
Creyendo la víctima que iba a iniciar a trabajar en una finca, la Fiscalía expuso ante el juez del caso que la menor de edad habría sido trasladada al municipio de Barbacoas en el departamento de Nariño mediante engaños y posteriormente a La Unión, donde finalmente la obligaron a sostener a tener relaciones sexuales con varios hombres. También se determinó que fue amenazada por negarse a los vejámenes a los que era sometida.
Alias Johana fue capturada el pasado 23 de marzo en el municipio de Toro, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras una exhaustiva investigación adelantada por las autoridades competentes. La mujer está siendo investigada por el delito de proxenetismo con un menor de 14 años, luego de que se estableciera que, presuntamente, cobraba diversas sumas de dinero a las personas que llegaban a los bares buscando mantener relaciones íntimas con ella.
El caso fue descubierto gracias a una denuncia que permitió que las autoridades iniciaran las labores de indagación correspondientes. Estas investigaciones dieron como resultado la individualización de la mujer, quien fue identificada como la presunta responsable de ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, aprovechando su presencia en estos establecimientos. La joven, quien no aceptó los cargos en su contra, deberá enfrentar un proceso judicial mientras permanece bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Este caso resalta una vez más la importancia de la denuncia ciudadana y el compromiso de las autoridades en la lucha contra la explotación sexual de menores. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas involucradas.
