Gracias a un trabajo investigativo adelantado por parte de la Fiscalía General de la Nación, fue posible la judicialización de una persona de género masculino identificada como Jonhatan Esaú Rojas, quien sería el presunto responsable del delito de extorsión contra un ciudadano residente en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño. Por lo anterior el sindicado fue enviado a la cárcel entre tanto se realizan las audiencias del proceso que permitan establecer su culpabilidad o inocencia en el caso.
De acuerdo a las indagaciones desarrolladas por parte de la entidad se logró establecer que aparentemente la víctima interpuso una denuncia ante la autoridad competente por el hurto de su vehículo en la municipalidad, afirmando que durante el hecho al parecer intervinieron varios hombres armados quienes se presume se identificaron como integrantes de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, por lo cual la persona afectada no tuvo más remedio que entregar el automotor a los delincuentes.
Aparentemente días después del hurto el denunciante habría empezado a recibir varias amenazas en contra de su vida, a menos que pagara $8 millones de pesos por la devolución del automotor que había sido robado, indicándole que debía dejar el dinero en una ubicación que le sería enviada a su celular. Lo anterior permitió que agentes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, de la Policía Nacional acordaran la entrega controlada
Es de recalcar que al parecer durante el proceso de entrega del dinero por parte de la víctima hacia los presuntos extorsionistas se logró la captura de Coral Rojas, quien estaría involucrado en el hecho razón por la cual fue trasladado a las instalaciones de la autoridad competente donde quedó a disposición de un fiscal de la Estructura de Apoyo, EDA, quien fue el encargado de adelantar su proceso de judicialización al ser imputado por el delito de extorsión.
Los cargos no fueron aceptados por el implicado, sin embargo, basándose en las pruebas presentadas de manera preliminar, un juez de control de garantías le impuso al sujeto una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario entre tanto se resuelve su situación jurídica.
