Un juez de conocimiento emitió una sentencia contundente contra Wilmer David Celeita Morales, más conocido como alias Jimmy Leal, uno de los cabecillas de la estructura criminal Segunda Marquetalia, brazo disidente de las antiguas FARC que opera en el departamento del Caquetá. La condena: 35 años y 8 meses de prisión, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad penal a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La aceptación de cargos por parte de ‘Jimmy Leal’ se logró gracias a la solidez de las pruebas recopiladas por la Fiscalía, que detallaban su participación en múltiples crímenes cometidos entre junio de 2022 y septiembre de 2023 en diversos municipios del Caquetá, incluyendo Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico. La sentencia lo declara culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Violencia
Entre los hechos más graves atribuidos a Leal se encuentra el asesinato de tres hombres en una finca del corregimiento El Danubio el 29 de abril de 2023, crimen que fue ejecutado por órdenes suyas y llevado a cabo por otros miembros del grupo armado. En ese mismo evento, una mujer fue herida y despojada de sus pertenencias. Además, se documentó que alias ‘Jimmy Leal’ ordenó el secuestro de dos personas, con fines políticos, quienes fueron posteriormente liberadas el 2 de mayo del mismo año.
Intimidación
Otra de las acciones violentas que pesaron en su contra ocurrió el 12 de septiembre de 2022, cuando instruyó a cuatro de sus hombres para que incendiaran un vehículo de transporte público en una carretera que conecta a Puerto Rico. El objetivo de ese acto de terrorismo era presionar a la población civil y a los empresarios a cumplir con el pago de las cuotas extorsivas impuestas por el grupo ilegal.
Estrategia
Durante su liderazgo dentro de la Segunda Marquetalia, Jimmy Leal fue pieza clave en la estructura de financiación del grupo, instaurando un régimen de extorsión sistemática en la región. Comerciantes, transportadores y campesinos fueron víctimas de sus amenazas, mientras la organización utilizaba el miedo como herramienta de control territorial.
Con esta sentencia, se marca un golpe jurídico y simbólico importante contra una de las figuras visibles del crimen organizado en el Caquetá. La Fiscalía reafirma su compromiso de seguir desarticulando las estructuras residuales que persisten en distintas zonas del país, y llevar ante la justicia a sus máximos responsables.
