La Fiscalía General de la Nación informó que siete policías fueron enviados a prisión preventiva tras ser acusados de realizar procedimientos irregulares en Cúcuta, Norte de Santander, durante más de un año.
Los involucrados son los subintendentes Audrey Fernando Botía Reyes y José Antonio Suárez Cote, junto con los patrulleros Cristian Yair Orejuela Moreno, Carlos Enrique Munive Cudris, Luis Daniel Vergara Román, Lizeth Katerine Boada Roa y Olinto Machado García, quienes estaban adscritos a los CAI de Las Mercedes y Nacional.
Delitos que se les imputan
Según el ente acusador, entre enero de 2023 y junio de 2024, los uniformados habrían participado en múltiples irregularidades. Entre los hechos señalados se encuentra la captura ilegal de un ciudadano, a quien ataron de manos y obligaron a caminar por más de cinco cuadras hasta una estación de policía.
En otro caso, habrían exigido 1.500.000 pesos a una persona para evitar la inmovilización de su vehículo, el cual tenía un requerimiento judicial. Según la investigación, las llaves del automotor fueron devueltas solo después de que la víctima consignara parte del dinero exigido, mientras el resto fue entregado a una patrullera.
Además, se les acusa de solicitar dinero de manera irregular a personas sin documentos de propiedad de vehículos, con licencias vencidas o a extranjeros indocumentados.
Captura y audiencias
Con las pruebas recopiladas, un juez emitió órdenes de captura que se ejecutaron en Norte de Santander, Vichada, Huila y Bolívar. En las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los uniformados los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio, tortura agravada, lesiones personales agravadas y falsedad personal.
Aunque los implicados no aceptaron los cargos, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios mientras continúa el proceso judicial.
Impacto en la confianza ciudadana
Este caso suma una nueva alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de actuar frente a hechos que vulneren los derechos de los ciudadanos y la confianza en la fuerza pública.
