Recientemente la Comisión Colombiana de Juristas, en medio de un evento que se consideró como histórico para el país, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- que se investigaran a profundidad las varias decenas de casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido en Boyacá entre los años 2001 y 2008.
Así lo aseguró Ana Rodríguez, directora de la Comisión, quien describió que nuestro departamento, lejos de ser un remanso de paz como se ha creído por muchas décadas, es una región de Colombia en la que se sufrió con fuerza el conflicto armado, y en la que la Unidad Nacional para la Reparación de las Víctimas ha registrado por lo menos 45.000 víctimas.
“Esos falsos positivos hasta el momento no han sido investigados a profundidad, y dentro de los casos que la JEP conoce en este momento, Boyacá no sido priorizada para la investigación, por eso la solicitud que le hicimos a la Jurisdicción para que le dé prioridad a la investigación de los casos de esta zona del país”, aseveró Rodríguez.
Y aunque los detalles específicos de los casos no se pueden sacar a la luz pública, por la gravedad de los mismos, Rodríguez manifestó que estas varias decenas de falsos positivos se registraron en Tunja, ciudad en la que al parecer una sola persona reclutó a estos jóvenes a punta de engaños; pero que también algunos casos datan de zonas ubicadas en las Provincias de La Libertad, Valderrama, Sugamuxi y Neira.
“Lo que si pudimos establecer de manera detallada es que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales son personas que pertenecen a grupos poblaciones campesinos, también a vendedores informales o ambulantes, a trabajadores del sector transporte y de vigilancia, a población vulnerable, a personas con discapacidad funcional, y personas relacionadas con casos de farmacodependencia”, relató la directora.
Ana, al igual que la Comisión, consideran que Boyacá no hace parte de la discusión nacional cuando se habla de casos de falsos positivos, primero porque hay regiones del país en las que cifras son más estruendosas y generaron movimientos mediáticos más amplios, y también porque se concibe aún la idea de que este departamento es una zona supremamente tranquila, lo que concluyó en que no se realizara un trabajo de investigación a profundidad para establecer lo que había ocurrido en el territorio boyacense. “Esto también significa que las autoridades judiciales no han puesto el esfuerzo necesario en el esclarecimiento de estos hechos”, puntualizó.
