Según las cifras proporcionadas por Amnistía Internacional, Irán es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de ejecuciones anuales, solo por detrás de China.
La organización Iran Human Rights (IHR) informó que este miércoles (07.08.2024) Irán ahorcó a 29 personas, 26 de ellas en una ejecución colectiva, que habían sido sentenciadas por delitos como asesinato, narcotráfico o violación.
Esta organización con sede en Noruega afirma que la ejecución colectiva ocurrió en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj, cerca de Teherán. Los otros tres hombres fueron ahorcados en una prisión diferente ubicada en la misma ciudad.
El Centro por los Derechos Humanos en Irán (CHRI) y Human Rights Activists News Agency (HRANA) en Estados Unidos confirmaron la ejecución de al menos 20 personas en Karaj.
Según las cifras proporcionadas por Amnistía Internacional, Irán es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de ejecuciones anuales, solo por detrás de China.
El IHR informó que este año se han ejecutado 313 personas. Desde 2009, no se había llevado a cabo un ahorcamiento colectivo de tal magnitud, afirmó.
Según Mahmood Amiry-Moghaddam, director de esta organización no gubernamental, si la comunidad internacional no actúa de inmediato, es posible que en los próximos meses cientos de personas sean víctimas de la máquina de matar de la República Islámica.
Método de intimidación
Después de que Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, fuera arrestada por violar el código de vestimenta femenino en 2022, activistas por los derechos humanos acusan a Irán de usar la pena de muerte como un método de intimidación.
En la víspera, se llevó a cabo la ejecución en la prisión de Kermanshah, en el oeste del país, de una persona que había sido declarada culpable de asesinato durante las protestas.
El movimiento de protesta que estalló después de la muerte de Amini se concentró en esa zona de mayoría kurda.
El órgano de prensa del sistema judicial Mizan Online informó que Gholamreza Rasaei, el ejecutado, fue declarado culpable del asesinato de un coronel del Ejército ideológico iraní Guardians of the Revolution, en noviembre de 2022.
Su ejecución se llevó a cabo en secreto y nadie, incluidos sus seres queridos y su abogado, se enteró. Según Amnistía Internacional, su familia fue obligada a enterrar el cuerpo en un lugar alejado y remoto de su hogar.
La organización opositora afirmó que la determinación de Teherán de «utilizar la pena de muerte como una herramienta de represión política para sembrar el miedo en la población» se evidencia en la ejecución, que se basó en una confesión obtenida bajo tortura.
