El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, anunció que interpondrá denuncias nacionales e internacionales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y miembros de su equipo de Gobierno. Esta decisión se origina en una alocución presidencial del 15 de julio, donde Petro calificó al dueño de Keralty como un “criminal en Colombia” y afirmó que hablaría con el rey de España para solicitar su expulsión de Colombia, acusando al grupo de financiar campañas políticas con “dineros extranjeros” y atacando la legitimidad del conglomerado, que incluye a la EPS Sanitas, una de las principales del país.
En respuesta, Grajales sostuvo que estas declaraciones forman parte de una “campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”, que dañan tanto la reputación como la trayectoria de Keralty y sus colaboradores.
Según el comunicado oficial, la empresa tomará acciones legales contra cualquier persona o entidad pública o privada que intente atentar contra su imagen. Además, resaltó que el reciente fallo de la Corte Constitucional que anuló la intervención gubernamental a la EPS Sanitas representa “un hito claro en la defensa de la legalidad, de los principios y de nuestro propósito”.
La pelea de Petro contra Keralty no es nueva. Desde 2024, el mandatario ha vinculado a la empresa con presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas, apoyado por denuncias de congresistas de su partido, el Pacto Histórico. Petro ha insistido en que la financiación de campañas con recursos extranjeros está prohibida por la Constitución, acusando directamente al grupo en varias ocasiones. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral archivó esas investigaciones en 2024, concluyendo que las empresas involucradas están domiciliadas en Colombia, sin evidencia de ilegalidad en la financiación.