El Juzgado Quinto Civil Municipal de Buenaventura sancionó a la alcaldesa distrital, Ligia del Carmen Córdoba, con 20 días de arresto y una multa equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en el marco de un incidente de desacato. La decisión se originó tras una solicitud presentada por el abogado del Cuerpo de Bomberos, relacionada con transferencias de recursos correspondientes al año 2000, que presuntamente no habrían sido atendidas conforme a lo ordenado por el despacho judicial.
Frente a la situación, el jefe jurídico de la Alcaldía aclaró que la mandataria no se encuentra privada de la libertad, lo que evidencia la complejidad de los procedimientos judiciales y la distancia entre las sanciones decretadas y su ejecución material. Sin embargo, el hecho deja en evidencia tensiones institucionales y la fragilidad de la gestión administrativa frente a obligaciones históricas que, pese al paso del tiempo, siguen generando consecuencias.
La sanción contra la alcaldesa Córdoba se convierte en un episodio que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político. La crítica se centra en la capacidad de las administraciones locales para responder con eficacia y transparencia a los fallos judiciales, especialmente cuando involucran recursos destinados a entidades de servicio público como los bomberos. Este caso refleja cómo la falta de cumplimiento oportuno erosiona la confianza ciudadana y proyecta una imagen de debilidad institucional, donde las decisiones judiciales parecen chocar contra la inercia política.
