La Procuraduría General de la Nación ha formulado un pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario al exgobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo (2020-2023), y a dos de sus exasesoras jurídicas, por presuntas omisiones graves en el control de la obra del acueducto en El Doncello. Según el ente de control, estas omisiones habrían causado un perjuicio económico de 191 millones de pesos, debido a la falta de acción frente a problemas estructurales evidentes en la obra.
Omisiones que generaron perjuicios
El proyecto del acueducto de El Doncello había sido contratado por la administración de Gasca Trujillo con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable para los habitantes del municipio. Sin embargo, tras la ejecución de los trabajos, surgieron evidentes problemas estructurales en la obra, que no fueron atendidos a tiempo. La Procuraduría sostiene que, a pesar de las fallas visibles, el exgobernador y sus asesores no activaron las garantías necesarias ni tomaron las medidas correctivas adecuadas para salvaguardar los recursos públicos y asegurar la calidad de la obra.
De acuerdo con las investigaciones, estas omisiones contribuyeron al detrimento patrimonial de 191 millones de pesos, lo que se considera una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones públicas. La falta de supervisión y la inacción frente a los problemas fueron determinantes en el colapso de la obra y en la pérdida de recursos públicos.
Llamado a juicio disciplinario
La Procuraduría, tras revisar los documentos y pruebas presentadas, ha decidido avanzar con el juicio disciplinario contra el exgobernador y las exasesoras jurídicas involucradas. En el pliego de cargos, se les señala de presuntos actos de negligencia que habrían vulnerado principios de la administración pública, como el de eficiencia y el de responsabilidad con los recursos del Estado.
Este caso pone de manifiesto la importancia del control en la ejecución de obras públicas y la responsabilidad de los funcionarios al gestionar recursos del Estado. La Procuraduría espera que este proceso contribuya a esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse las omisiones, se sancione a los responsables, garantizando así el buen uso de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Relevancia del control en obras públicas
Este caso es un ejemplo claro de los riesgos que implica la falta de control y supervisión en proyectos de infraestructura pública. Las omisiones en el seguimiento de las obras pueden generar graves perjuicios no solo en términos económicos, sino también en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La Procuraduría ha resaltado la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad, garantizando que las inversiones sean utilizadas adecuadamente y no sean malversadas o desperdiciadas.
