19 años de cárcel para ex reina cartagenera por proxenetismo

La exconcursante del Reinado de la Independencia de Cartagena en 2013 ha sostenido en todas las instancias judiciales que es inocente.
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A través de una tutela, la exreina de Cartagena Kelly Johana Suárez Moya solicita a la Corte Suprema de Justicia que reconsidere el fallo dictado a principios de este mes, en el cual fue declarada culpable por su presunta participación en una red de explotación sexual de menores en la capital de Bolívar.

La defensa de Suárez Moya sostiene que durante todo el proceso penal se le violaron sus derechos procesales, argumentando que nunca se le dio la oportunidad de presentar su declaración sobre los hechos investigados.

Asimismo, alegó que el proceso se prolongó durante diez años, lo que constituyó una violación a sus garantías procesales. Conocida como Miss Cartagena, fue acusada en 2015 por la Fiscalía General de los delitos de proxenetismo e inducción a la prostitución.

No obstante, en su reclamación afirma que las audiencias preparatorias de juicio no comenzaron hasta 2022, lo que refleja una demora en la resolución de su situación jurídica. La exconcursante del Reinado de la Independencia de Cartagena en 2013 ha sostenido en todas las instancias judiciales que es inocente y que jamás estuvo involucrada con la red ni se benefició de la explotación de menores.

Por esta razón, solicita que, en la revisión de su recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Cartagena, se le permita presentar su versión frente a las graves acusaciones en su contra.

Gracias a la información proporcionada por una fuente humana, agentes del CTI de la Fiscalía General llevaron a cabo un operativo en la zona. Un agente federal, que estaba de vacaciones en Barú y a quien le ofrecieron servicios sexuales, se convirtió en el testigo clave contra los miembros de esta red.Con su testimonio, se organizó una «falsa fiesta de cumpleaños» para un empresario estadounidense, con el fin de que la red trajera a las menores que tenían en su lista de víctimas.

Durante el operativo, se identificaron a 54 niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, se inició un proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar el restablecimiento de sus derechos.


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