El Gaula de la Policía a través de un trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Cazador ‘Odín’, asestó un contundente golpe a estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en el país.
La ofensiva nacional dejó como resultado 156 capturas (119 por extorsión, 19 por secuestro y 18 por otros delitos) 3 neutralizados, además de la incautación de 15 armas de fuego, 6 proveedores, 6 granadas, 494 cartuchos de diferentes calibres, 10 motocicletas y 100 equipos móviles, utilizados para dinamizar estos delitos.
La operación se desplegó en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cartagena y los departamentos de Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Casanare; debilitando significativamente las finanzas y capacidad de intimidación de estas organizaciones.
Este plan enmarcado contra las estructuras multicrimen, también deja como resultado la captura de 20 integrantes del “Clan del Golfo”, 4 capturados pertenecientes a las disidencias de las Farc, 7 del Grupo Armado Organizado ‘Los Pachenca’, 3 integrantes del Ejército de Liberación Nacional-ELN, 5 pertenecientes a Grupos de Delincuencia Organizada y 117 de Grupos de Delincuencia Común.
Dentro de este resultado se destaca la captura por orden judicial de 12 presuntos integrantes de la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada, capturas realizadas en los municipios de Lorica, San Antero y Momil (Córdoba), Corozal (Sucre) y Medellín (Antioquia).
Los capturados responden a los alias de ‘Javier’, ‘Paola’, ‘Chimenea’, ‘Yei’ o ‘El Peluquero’, ‘Enamorado’, ‘El Chino’, ‘Carlitos’, ‘El Menor’, ‘Cabeza de Puerco’, ‘Mario’, ‘José’ y ‘El Paisa’.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados se dedicaban a la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores, contratistas de obras públicas, prestamistas ‘gota a gota’ y empresas distribuidoras de alimentos y bebidas, alcanzando rentas ilegales de 300 millones de pesos mensuales.
Además, ejercían control social, homicidios selectivos, reclutamiento de jóvenes y observación criminal a la Fuerza Pública y potenciales víctimas.
