El caso que enfrenta a la Alcaldía de Neiva con el exalcalde y hoy diputado Rodrigo Lara Sánchez, junto a su exsecretaria General Liliana Trujillo, parece estar lejos de resolverse. La controversia gira en torno a los $152 millones que la actual administración busca recuperar a través de una acción de repetición, argumentando que ambos funcionarios habrían incurrido en una omisión administrativa al no pagar a tiempo las cuotas de administración de los locales de Mercaneiva durante 2019.
La acción fue instaurada en 2023, durante la gestión del alcalde Germán Casagua, quien ha insistido en que el municipio no puede asumir responsabilidades derivadas de lo que considera “errores de gestión” de anteriores administraciones. No obstante, este año, un fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al no hallarse pruebas que demostraran dolo o culpa grave por parte de Lara y Trujillo.
Pese a la negativa inicial, la Alcaldía de Neiva decidió apelar la decisión, manteniendo viva la disputa judicial. Desde el pasado 31 de julio, el expediente reposa en el despacho del magistrado Miller Lugo Barrero del Tribunal Administrativo del Huila, quien deberá definir si existen o no méritos para que los exfuncionarios asuman el pago.
Este proceso ha despertado interés político en el Huila, no solo por las implicaciones económicas, sino por el contexto electoral y las tensiones entre la administración actual y figuras que hoy ocupan cargos de representación. La defensa de Lara Sánchez sostiene que se trata de un caso sin fundamento jurídico y con evidente sesgo político.
Una disputa
Más que una simple controversia administrativa, este litigio refleja la profunda fractura entre las gestiones pasadas y presentes de la capital huilense. Mientras el alcalde Casagua busca marcar distancia de sus antecesores mediante acciones legales que prometen “defender el patrimonio público”, los opositores interpretan el proceso como un intento de desgaste político contra un adversario con proyección regional.
La decisión del Tribunal Administrativo del Huila no solo resolverá una deuda, sino que también definirá el alcance de la responsabilidad de los exmandatarios frente a actos administrativos cuestionados. Por ahora, la ciudad de Neiva observa cómo un conflicto de papeles y cifras se convierte en una batalla de poder y reputaciones, donde lo político pesa tanto como lo jurídico.
