El 12 de noviembre, Daniel Andrés Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Coqueto en Putumayo, se convirtió en la triste estadística número 1.556 de líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este incidente ilustra la peligrosa realidad que enfrentan quienes buscan mejorar las condiciones de sus comunidades.
En Cauca, Jhon Manuel Pavi Ul, el segundo más votado en las elecciones a la Alcaldía de Toribío, fue atacado por desconocidos armados cerca de su hogar. Este lamentable hecho resalta la vulnerabilidad incluso de aquellos que han buscado participar activamente en la política local.
En Antioquia, el líder campesino Marco Fidel Jiménez fue secuestrado y encontrado sin vida en la vía entre el Rancho Quemado y Mina Nueva, siendo las disidencias de las FARC los presuntos responsables. Este crimen pone de manifiesto la persistente amenaza que enfrentan los líderes rurales.
En el Valle del Cauca, Rubén Darío Patiño Cuervo, quien fuera candidato al Concejo del municipio de El Cerrito, y presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenerife, fue asesinado, acentuando la fragilidad de aquellos que buscan representar a sus comunidades en la esfera política.
Estos trágicos acontecimientos subrayan la urgencia de revisar y fortalecer las estrategias de protección para los líderes sociales en Colombia, así como la necesidad de abordar las causas subyacentes de esta violencia sistemática que amenaza la estabilidad y la paz en el país.