Desde hace más de cinco meses, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) enfrenta una batalla silenciosa. Una perdida de $14.000 millones. Tras el caótico final de la administración Quintero, que desencadenó una auditoría en todas las dependencias del Distrito, esta entidad ha sido una de las más afectadas por el cambio de gobierno. En un ambiente ya tenso por las denuncias surgidas a finales de 2023, que alertaron sobre cómo cientos de contratistas y funcionarios de la era Quintero aprovecharon los últimos días de su administración para asegurar sus puestos, la entidad parece encontrarse en un callejón sin salida.
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Contratos
Desde el punto de vista financiero, la empresa enfrenta un déficit de caja estimado en $14.400 millones para el cierre de este año. Este déficit está compuesto por facturas millonarias de vigilancia, aseo, nómina y otros gastos y servicios, que fueron dejados pendientes para que los asumiera la nueva administración. En el ámbito legal, el principal desafío ha surgido de una serie de contratos firmados con un grupo reducido de empresas cuyos representantes legales se repiten, y que supuestamente se beneficiaron de cláusulas que limitaron la capacidad de la EDU para presentar reclamaciones. Además, la nueva gerencia está avanzando en un proceso para revocar el manual de contratación de 2021, que aumentó en un 1.900% el límite para otorgar contratos directos por debajo de los $10.000 millones, durante la gestión de Wilder Echavarría, quien ahora asesora al Ministerio de Minas
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Preocupación
“Encuentro con gran preocupación una situación irregular en la que es evidente el uso indebido de información y logos de la EDU, así como la creación de documentos que aparentan ser contratos sin la autorización de la entidad”, declaró la nueva gerente González Gómez en la denuncia que presentó ante la Fiscalía por estos hechos. Otro contrato problemático es el de la construcción y dotación del teatro de El Carmen de Viboral, firmado en 2022 por $16.200 millones, en el marco de un convenio con el Ministerio de Cultura.
El problema surgió durante la fase de cimentación, cuando el constructor detectó inconsistencias en los diseños y los estudios de suelos, los cuales no cumplían con las normas antisísmicas. Esta situación llevó a la suspensión del contrato en diciembre de 2022. La nueva gerencia no comprende cómo estos errores pasaron por todos los filtros y controles, y solo se manifestaron durante la fase de construcción.
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