El Gobierno de Colombia ha decidido suspender temporalmente las operaciones militares contra las disidencias de las FARC, a pesar de los recientes atentados perpetrados por estos grupos armados. La decisión ha generado controversia, ya que se esperaba una respuesta contundente ante los ataques. Organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han condenado los atentados y urgido a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.
La ONU ha reiterado que la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser ejes centrales en cualquier intento por resolver el conflicto armado en Colombia. Además, ha expresado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una solución negociada, recordando a los actores armados su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Esta suspensión temporal de operaciones militares ha generado un debate sobre la eficacia de las estrategias de paz implementadas por el Gobierno y la necesidad de encontrar un equlibrio entre la seguridad y los derechos humanos en el país.
